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Defensores awajún amenazados por mineros ilegales piden garantías

Imagen referencial de líderes awajún de la Amazonía peruana. Foto: Mocicc.

Augostina Mayan Apikai, Zebelio Kayap Jempekit y Hortez Baitug Wajai denuncian que vienen siendo amenazados por mineros ilegales que contaminan el río Cenepa.

Servindi, 11 de febrero, 2021.- Tres defensores awajún de la cuenca del río Cenepa solicitaron garantías personales a la subprefectura de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

Augostina Mayan Apikai, Zebelio Kayap Jempekit y Hortez Baitug Wajai denuncian que vienen recibiendo graves amenazas por parte de mineros ilegales y sus cómplices que contaminan el río Cenepa.

Los defensores, que también son dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), piden la interdicción de minera ilegal en la zona.

Garantías personales

De acuerdo al portal Vigilante Amazónico, los defensores awajún de Odecofroc solicitaron las garantías personales el pasado 26 de enero.

Zebelio Kayap y Augostina Mayán son expresidentes de Odecofroc y Hortez Baitug es el actual presidente de la organización.

Todos ellos han empezado a recibir amenazas luego de que la radio Kumpanam, a cargo de Odecofroc, difundiera información sobre la minería aluvial como actividad ilegal y contaminadora.

La radio, que funciona desde fines del 2020, también le dio cobertura a un enfrentamiento social contra la instalación de dragas-mangueras en Nuevo Kanam, hecho que culminó con la desaparición de dicha maquinaria.

Operadores de minería fluvial ilegal han retornado a las ríberas del río Cenepa para continuar con su actividad. Foto: El Comercio

Estos hechos habrían incomodado a los operadores detrás de la actividad minera ilegal en el río Cenepa que ya venían amenazando y amedrentando a los dirigentes.

Así, aumentando el nivel de sus mensajes intimidatorios, el 27 de enero hicieron llegar a los dirigentes la amenaza de que iban a “desaparecerlos”.

El pedido de garantías personales de los defensores awajún ha recibido el respaldo de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Pueblos del Congreso.

Ahora, se espera que la subprefectura de la provincia de Condorcanqui actúe con sentido de urgencia y otorgue dichas garantías cuanto antes.

Interdicción de minera ilegal

Aunque garantizar la protección de los defensores awajún es el paso más urgente, el asunto de fondo que preocupa desde hace tiempo a los indígenas es la presencia de la minera aluvial ilegal.

Esta actividad, que empezó hace 10 años en el río Marañón, en un tramo próximo al río Cenepa, contamina y pone en peligro la salud y paz social de la población awajún.

La minera aluvial consiste en la extracción de oro mediante dragas (hidráulicas) que funcionan por succión de agua-sedimentos del fondo de la ribera del río.

Luego, inician un proceso para separar lo hallado hasta obtener el oro crudo por medios mecánicos y aplicando agua con mercurio, para finalmente refinarlo.

Interdicción en el año 2018 en el río Cenepa logró destruir equipos e insumos de minería ilegal, pero ahora operadores han vuelto. Foto: Andina.

En 2018, tras varios pedidos de la Odecofroc, cuya presidenta era entonces Augostina Mayán Apikai, se logró por primera vez la interdicción a la minera ilegal en el río Cenepa.

No obstante, luego de esto, los indígenas alertaron que los operadores volvieron a retomar a la zona para continuar con su actividad ilegal.

Desde entonces no han dejado de solicitar una nueva interdicción, pedido que ha vuelto a ser emitido en un reciente memorial firmado por 69 indígenas awajún del distrito del Cenepa.

En dicho memorial, dirigido a la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, le recuerdan que dicha actividad carece de legitimidad por lo que amerita una interdicción.

“La minería aluvial aurífera en el río Cenepa es una actividad ilegal por lo que procede la interdicción (destrucción de maquinaria-equipo) normada por el Decreto Legislativo 1100 publicado el 18 de febrero 2012”, se lee.

También sostienen que dicha actividad es un delito ambiental agravado con pena de cárcel efectiva, por lo que esperan que la premier atienda “de modo inmediato” su pedido.

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