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Martes 16 de febrero: Plantón contra Yanacocha por abusos contra Máxima

Vigilia en apoyo a Máxima Acuña

El 6 de febrero del 2015 tuvo lugar una primera vigilia en solidaridad con Máxima Acuña de Chaupe

 

Servindi, 11 de febrero, 2016.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional, Red Muqui, DEMUS, el Colectivo Alfombra Roja, el Colectivo Nadienospaga y el Bloque Hiphop, convocan a un plantón de protesta en solidaridad con Máxima Acuña y su familia, quienes vienen sufriendo hostigamientos y agresiones por parte de la empresa minera Yanacocha. 

La actividad está programa para el martes 16 de febrero desde las 4 y 30 p.m., en la intersección de las avenidas La Paz y 28 de Julio en Miraflores, frente a las oficinas de la empresa. 

El objetivo como sociedad civil es que se visibilice, denuncie y sensibilice sobre los constantes ataques de Yanacocha contra la familia de Máxima y que tienen como fin despojarla de un territorio que ocupa hace varios años, el cual colinda con el área donde se ejecutará el megaproyecto minero Conga. 

En ese marco, en horas de la mañana, la CNDDHH ofrecerá una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos, informar los últimos pormenores del caso y también denunciar el hostigamiento a los defensores del medio ambiente en Cajamarca, además de invitar a la prensa a participar en el plantón.

Por la tarde, diferentes colectivos ciudadanos y ONG defensoras de derechos humanos, la mujer, y el ambiente, realizarán una vigilia en las afueras de las oficinas de Yanacocha en Lima.

Como parte de las intervenciones, se realizará una "alfombra roja humana" y se tenderá una tela donde se le escribirán mensajes de solidaridad a la familia de Máxima, la misma que les será entregada por el Bloque Hiphop. Además la vigilia estará acompañada de música, pancartas y velas.

De forma paralela, este plantón se realizará en otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Cajamarca.

Para más información sobre las actividades puede ingresar a la página de Facebook del evento: on.fb.me/1Xisr8C 

Desde el 2011, Máxima y su familia vienen sufriendo una serie de atentados en su propiedad. Incluso en más de una ocasión las agresiones han llegado a ser físicas contra ella, su esposo e hijos. No obstante, estos se han vuelto más frecuentes en los últimos meses con invasiones, destrucción de cultivos, ataques a mascotas y hasta el acecho aéreo con un drone, vehículo aéreo no tripulado.

Pese a esta situación y pese a que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -emitida en mayo de 2014- a favor de la familia de Máxima y otras 50 personas, el Estado peruano permanece indiferente. 

Respaldo internacional

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron una intervención "urgente" sobre este caso.

Algunas de las medidas que exhorta al Estado peruano es garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la campesina de 45 años, de su familia.

Asimismo, recomiendan llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

 “El Observatorio condena de forma contundente los ataques en contra de la Sra. Acuña y su familia y exhorta a las autoridades de Perú a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, algo que hasta este momento no ha sucedido con relación a ninguno de los ataques”, indicó en un comunicado.

Los ataques tienen que ver con la disputa que Máxima tiene desde hace varios años con Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en última instancia que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

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Con información de la Red Muqui

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