En una audiencia, Corte IDH escuchó a indígenas de la comunidad Maya Q’eqchi’ que exigen un título de propiedad colectiva y el derecho a decidir sobre sus territorios.
Servindi, 10 de febrero, 2022.- La comunidad indígena Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente, de Guatemala, expuso las violaciones y daños que han sufrido sus tierras ancestrales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una audiencia, denunciaron la presunta responsabilidad del Estado por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva y a decidir sobre sus territorios.
La Corte IDH escuchó a los representantes de las presuntas víctimas y del Estado y les dio un mes para presentar sus alegatos y observaciones finales por escrito. Luego, emitirá una sentencia.
Acusación comunal
La comunidad indígena Maya Q’eqchi’ denunció que no cuenta con un título de propiedad colectiva pese a las múltiples gestiones realizadas durante más de 40 años.
Por el contrario, afirmaron que en el proceso para obtener dicho título se han registrado “múltiples omisiones e irregularidades”.
También aludieron que el Estado no cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para un proyecto minero en tierras de la comunidad.
El Gobierno de Nicaragua otorgó concesiones para la extracción de níquel a una filial de la minera suiza Solway en el territorio de Agua Caliente, Lote 9, afectando a 16 comunidades, entre ellas Maya Q’eqchi’.
La falta de límites de exploración de estos contratos, generó que la comunidad, ubicada en el municipio El Estor, departamento de Izabal, fuera víctima de desplazamientos y amenazas por parte de empresarios.
Rodrigo Tot, histórico líder del pueblo Q'eqchi y ganador del Premio Goldman, es uno de los que participó de la audiencia de la Corte IDH en defensa de su comunidad. Foto: Corte IDH
Un caso emblemático
El Centro de Recursos Jurídicos para los Indígenas, organización de abogacía sin fines de lucro, considera que este caso podría sentar un precedente para las comunidades indígenas de América Latina.
"Por primera vez, este caso brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, como un principio del derecho internacional público”.
Así lo señaló Leonardo Crippa, abogado de la organización y miembro del equipo jurídico demandante que espera una decisión favorable por las pruebas y el actual contexto histórico.
“Esta sentencia puede cambiar una dinámica que siempre ha favorecido a los más poderosos. Y eso sería revolucionario", añadió por su parte Carlos Pop, también miembro del equipo legal.
Estamos en receso en la #AudienciaPública del Caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Vs. Guatemala. En esta primera parte de la Audiencia la Corte ha escuchado a la @CIDH, los representantes de las presuntas víctimas y a la representación del Estado. pic.twitter.com/sZviTrSJIg
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 9, 2022
Pedidos de la comunidad
Los demandantes han pedido a la Corte IDH que ordene al Gobierno guatemalteco la realización de estudios sobre el impacto de los proyectos mineros antes de conceder su aprobación.
También solicitaron que pague las costas, los gastos por el retraso de 40 años en la emisión del título colectivo para Agua Caliente y una compensación por “el daño no pecuniario” causado a la comunidad.
Además, piden que ordene al Gobierno el pago de una reparación por las continuas amenazas de muerte contra Rodrigo Tot y su familia, y los ataques contra sus hijos Wilfredo y Edin, este último asesinado a tiros.
Tot es un reconocido líder indígena de Agua Caliente que logró conducir a su comunidad a la decisión judicial histórica que ordenaba al gobierno a otorgar títulos de propiedad al pueblo Q'eqchi.
El ataque que acabó con la vida de uno de sus hijos ocurrió en 2012, un año después de que la Corte Constitucional de Guatemala emitiera la sentencia que el Estado se ha rehusado a cumplir.
Su lucha fue reconocida en 2017 cuando recibió el Premio Goldman en la categoría de América del Sur y Central. Hoy solo espera un fallo favorable de la Corte IDH para su comunidad.
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