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México: país con más derechos vulnerados por sector infraestructura

El 59% de comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria de infraestructura, según la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia.

Servindi, 9 de abril, 2022.- En América Latina, México es el país que registra el mayor número de casos sobre derechos vulnerados a raíz de la presencia de proyectos de infraestructura y energía en sus territorios, revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia.

La investigación detalla que el 35% de derechos vulnerados en México es causado por el sector infraestructura y el 26% por la industria energética. Le sigue el 19% por la minería, el 14% por la agroindustria y el 6% por la industria forestal.

Existen cuatro derechos vulnerados que destacan por haber sido violados con mayor frecuencia y que representan el 54% de los casos estudiados.

Estos son los derechos al dominio colectivo del territorio (15 casos), al consentimiento libre, previo e informado (14), a decidir sus propias prioridades de desarrollo (13) y a un medio ambiente saludable (11).

Otros derechos violados durante la época de pandemia fueron a la defensa de la tierra ancestral (10 casos), al agua (10), a la integridad física y moral (7), entre otros.

Toda esta información se encuentra sistematizada en la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Impactos sociales

La plataforma mapeó 30 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron a 129 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 10 pertenecen al sector energía: solar, térmica, eólica e hidro energética.

Además del sector energético (10), las comunidades fueron impactadas por proyectos de infraestructura (8), del sector minero (5), agroindustria (4) y por actividades forestales (3).

Los proyectos que más resaltan por el nivel de afectación a las comunidades son: Construcción del Tren Maya, Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec – Corredor Interoceánico y la presa El Zapotillo.

El proyecto del Tren Maya recorrerá 1460 kilómetros, enfocándose en unir zonas turísticas y transportar alimentos y combustibles. Actualmente el gobierno federal ha cambiado el trazado de la emblemática obra ferroviaria en su ruta Cancún-Tulum.

Expertos plantean que la administración no ha presentado estudios sobre el impacto ambiental de este trazo, aún más importantes si se consideran las características del suelo de esa zona, lleno de cuevas, ríos y cenotes (pozos de agua naturales).

“Este tren no es Maya. Es un megaproyecto inmobiliario que no respeta la naturaleza y que provocará un despojo e impactos en deterioro de los territorios de los pueblos indígenas”.

Así lo señaló Romel González, coordinador de Democracia y Buen Vivir del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., de México, quien concluye que este proyecto no debe ejecutarse.

Esto, debido a que sus beneficios están dirigidos a los grandes consorcios en desmedro“de la producción, economía, medio ambiente y seguridad social de las comunidades indígenas”, añadió.

Ataques en relación con el impacto ambiental

Por los 30 proyectos, 21 personas, pertenecientes a algunas de las 129 comunidades afectadas, fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.

Algunos defensores sociales sufrieron varias formas de ataque como la invasión al territorio colectivo (18%), amenazas (15%) y agresión física y mental (12%). Asimismo, también hubo víctimas de asesinatos (10%).

Los tres impactos ambientales que más se presentaron fueron al agua y fuentes de agua (33%), al suelo (23%) y a la biodiversidad (21%).

Cabe destacar que el sector de infraestructura es quien más daño al medio ambiente causó (47%), mientras que la agroindustria afectó en el 21%, la minería en 14% y energía en 12%.

La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia también presenta información sobre proyectos vinculados a conflictos con comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.

De esta manera ofrece un panorama regional mediante una gráfica interactiva respaldada con estadística sobre los proyectos que corresponden al sector minería, hidrocarburos, forestal, agroindustria e infraestructura.

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