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Investigan a procurador por omisiones a favor de empresa de López Aliaga

Foto: Pedro Galicia Pimentel, procurador regional del Cusco - Gobierno del Perú

Presuntas omisiones del procurador regional del Cusco permitieron que empresa hotelera de López Aliaga administre, con concesión irregular, un lujoso hotel en Machu Picchu.

Servindi, 9 de febrero, 2022.- El procurador regional del Cusco, Pedro Galicia Pimentel, es investigado por una presunta omisión de funciones que favoreció a empresa hotelera vinculada a Rafael López Aliaga.

Como revela una investigación de Wayka, el mencionado procurador llevó insistentemente por la vía equivocada una demanda de nulidad de concesión contra Belmond Hoteles S.A, empresa que tiene como accionista mayoritario a López Aliaga.  

El procedimiento ha permitido que el lujoso Hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu siga en manos de Belmond Hoteles.

Concesión irregular

La empresa del político conservador obtuvo la concesión gracias a una concesión irregular dada por el sentenciado exgobernador Jorge Tito Acurio.

Como recuerda la investigación, en 2013, la concesión del exclusivo hotel de Machu Picchu se amplió por 10 años, a pesar de que no contaba con sustento técnico ni con aprobación del Consejo Regional.

Aun así, la oficialización de la ampliación fue firmada por el gobernador Acurio, quien fue sentenciado a prisión por peculado doloso y es investigado por favorecer a otras empresas en concesiones a cambio de coimas.

Vías equivocadas

Ante esta situación, las cláusulas del contrato de concesión indican que las irregularidades deben de resolverse por la vía arbitral. Sin embargo, la procuraduría ha empleado reiteradamente el camino judicial.

Desde el 2017, los procuradores regionales Wilver Caballlero Condori y Rossy Gamarra Mercado han apelado a los juzgados.

Este camino se mantuvo luego de que Pedro Galicia asumiese en el cargo, en 2019. Con ello, se ha permitido que Belmond, empresa de López Aliaga, se beneficie al frente del Sanctuary Lodge.

Omisión de funciónes

Como ha señalado el exauditor de la Contraloría General, Iván Aparicio Arenas, el recurrir al proceso judicial a pesar de que la vía establecida era la arbitral, podría constituir una omisión de función en beneficio de la empresa.

Testimonios de un consejero regional y una actual congresista señalan una actitud sospechosa y parcializada del procurador que ha dilatado un proceso cuyo proceso era claro.

En respuesta a las acusaciones, Pedro Galicia ha señalado a Wayka que su proceder responde a que el caso de nulidad no estaría contemplado dentro de las controversias por incumplimiento del contrato que se indica en las cláusulas.

A pesar de que el Poder Judicial ha fallado en dos ocasiones en contra de su interpretación, el procurador Galicia se ha mantenido en su posición.

Ahora, es investigado por la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General en Lima.

 

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