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“Insistencia del sector minero en Tía María constituye un error”

Foto: EFE

Servindi, 8 de noviembre, 2019.- A través de un pronunciamiento público, la Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresaron su preocupación por la insistencia que el sector minero ha mostrado en la realización del proyecto Tía María, pese a las falencias que este presenta.

En un texto abierto dirigido al Presidente de la República, Martín Vizcarra, las organizaciones sociales lamentaron que el Consejo de Minería haya rechazado el recurso que buscaba impugnar la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas que aprobó la Licencia de Construcción de la Plata de Beneficio del proyecto minero.

«Esta resolución se emitió pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo […]», explican en el comunicado.

En referencia a los posibles daños que podría causar el proyecto, las organizaciones señalan que existe el riesgo de una previsible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje.

A esto se suman los antecedentes que arrastra la empresa minera Southern Perú a cargo del proyecto Tía María. Sobre ello, advierten que durante sus operaciones en Moquegua y Tacna han incurrido en 12 infracciones ambientales.

«A ello se suma, los reclamos de las poblaciones afectadas de México por las actividades del Grupo México, al que pertenece Southern, los cuales se relatan en una carta que dichos afectados hicieran llegar al Presidente Vizcarra», agregan.

Para la Red Muqui y la CNDDHH, el caso de Tía Maria pone al descubierto las debilidades que presenta el sistema de evaluación peruano sobre el impacto ambiental. En ese sentido, las organizaciones recordaron que en el Perú solo el 6% de la tierra es apta para actividades agrícolas, por lo que señalaron que es un deber protegerlas.

«La empresa Southern debe cumplir con su compromiso ético de contar con la licencia social, y respetar la decisión de la ciudadanía respecto de la actividad minera en su localidad. Igualmente, el gobierno no deber permitir que el proyecto se imponga», sentencian las organizaciones luego de recordar que en setiembre del 2009 una consulta vecinal en Islay arrojo que el 90% de pobladores rechazaba la minería en su territorio.

Antes de concluir, el pronunciamiento invita al mandatario del Perú a «recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse», señalan.

Puedes leer el comunicado completo en el siguiente link:

http://derechoshumanos.pe/2019/11/tia-maria-la-inversion-no-puede-estar-por-encima-de-los-derechos-de-las-personas/

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