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Proyecto de Letona recibe avalancha de críticas

Foto: PCM

Servindi, 8 de septiembre, 2016.- La avalancha de críticas y rechazo a la iniciativa legal de la congresista fujimorista Ursula Letona prosigue a tal punto que la propia congresista Ursula Letona anunció por la tarde de hoy jueves que retiraría su proyecto de Ley para consultarlo directamente con las comunidades.

Según reportó el diario Gestión fuentes fujimoristas indican que el proyecto de Ursula Letona no habia sido discutido al interior de la bancada parlamentaria. Esta sería una salida política para evitar cargar con las críticas.

Sin embargo, cabe advertir que el proyecto está firmado por Luis Galarreta, en su condición de portavoz titular de la bancada Fuerza Popular, y otros connotados congresistas como el propio Kenji Fujimori.


Firmas que avalan el proyecto de Ley de Ursula Letona

Y es que la idea de elevar un acuerdo civil privado como medida que reemplace la consulta previa a fin de favorecer la inversión y acelerar los proyectos económicos tuvo un sabor desagradable para las organizaciones sociales e indígenas.

Luego de la alarma escrita por el ex titular del viceministerio de Interculturalidad Ivan Lanegra, la Confederación Nacional Agraria (CNA), organización miembro del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, expresó su rechazo al proyecto de Letona.

El miércoles por la tarde el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) recordó que el argumento esgrimido por Ursula Letona es la vieja tesis del "acuerdo previo" que ha sido cuestionada en ocasiones anteriores.

Sostuvo que la tesis de Letona es inválida e injusta por que no existe equidad de actores en las negociaciones y las comunidades están sujetas a presiones diversas.

En la tarde del jueves la bancada parlamentaria del Frente Amplio organizó una conferencia de prensa donde María Elena Foronda, pesidenta de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso expresó su contundente rechazo a la medida propuesta por el fujimorismo.

En la rueda de prensa también participaron dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la CNA, la organización nacional de mujeres indígenas ONAMIAP, la congresista quechua Tania Pariona. entre otros y otras.

El día de hoy se sumaron al cuestionamiento el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coodinadora Nacional de Derechos Humanos, y la Red Muqui, ambas coaliciones que articulan asociaciones civiles de derechos humanos.

Ante una amenaza del PL 213/2016-CR presentado por la bancada fujimorista, donde propone modificar el artículo 2° de la Ley de Consulta Previa, a fin de reemplazar la consulta por un contrato o acuerdo entre las partes. La cual es una propuesta anticonstitucional.

A continuación reproducimos los comunicados completos de ambas articulaciones:

Pronunciamiento contra Proyecto de Ley que atenta consulta previa

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPICNDDHH)  demanda al Congreso de la República archivar de modo urgente el Proyecto de Ley 213/2016-CR que planea desnaturalizar la consulta previa en el Perú

El día 06 de septiembre, la congresista fujimorista Úrsula Letona Pereyra, por intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, presentó el Proyecto de Ley 213/2016-CR que busca modificar el Artículo 2º de la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Este proyecto de ley busca introducir el siguiente párrafo:

“En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas”.

Desde el GTPICNDDHH manifestamos nuestra enérgica oposición a dicho proyecto de ley. Este cambio busca excluir el proceso de consulta previa cuando exista un “contrato, convenio o acuerdo previo” con el pueblo indígena afectado, lo cual pretende legitimar la renuncia —mediante un documento privado— a un derecho fundamental ampliamente reconocido por el ordenamiento jurídico internacional y nacional. Con ello, se convalidarían las condiciones impuestas por las empresas y se sustituiría la obligación estatal de implementar la consulta previa.

El derecho a la consulta previa es un derecho fundado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el derecho humano a la libre determinación, el cual se ejerce mediante un proceso de diálogo cuando se propone una medida administrativa y legislativa susceptible de afectar los derechos colectivos de los pueblos indígena su originarios. Reemplazar este complejo y necesario proceso por la firma de un simple contrato o un acuerdo previo desnaturaliza el concepto de consulta previa y simplifica el proceso de información y diálogo que debe imperar con los pueblos indígenas. Además, atentaría contra las normas internacionales como el Convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, es peligroso que el proyecto señale que dicho contrato o acuerdo reemplazará a la consulta previa en todas las etapas del proyecto. Así por ejemplo, durante un proyecto de inversión se debería realizar más de un proceso de consulta previa en distintas etapas (durante el otorgamiento de la concesión, evaluación del estudio de impacto ambiental y otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, antes del inicio de la actividad de exploración, de explotación, y de cierre o abandono). Reducir la consulta previa a un solo momento representa una gran amenaza y otorgaría un poder absolutamente discrecional a empresas y autoridades competentes que debilitaría la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

El Congreso de la República debe ser consciente que toda propuesta normativa que pueda afectar a pueblos indígenas (como el Proyecto de Ley 213/2016-CR) debe ser sometida —precisamente— a una consulta previa. Aún no existe un marco normativo que desarrolle la aplicación de la consulta previa para medidas legislativas que puedan afectar a pueblos indígenas, y es el propio Congreso de la República el responsable de esta carencia, por no haber modificado aún su reglamento interno de modo tal que viabilice la aplicación del derecho a consulta previa para este tipo de medidas.

Finalmente, las inversiones privadas son importantes, pero no deben ser priorizadas por encima de los derechos humanos, en especial cuando se trata de derechos de poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas, como parece ser la oscura intención del partido Fuerza Popular. Desde este espacio emplazamos al Congreso a evaluar esta propuesta y exhortamos a que este proyecto de ley sea archivado de modo urgente, debido a las situaciones de conflicto que podrían estarse gestando. El Congreso, como la institución llamada a proteger los principios y valores democráticos, debe dar el ejemplo de respeto a las normas nacionales e internacionales, y no debe abrir contingencias de futuras acciones judiciales que puedan implementarse contra sus acciones.

Septiembre de 2016

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RED MUQUI rechaza proyecto de ley presentado por Fuerza Popular en el Congreso, que afecta el derecho a la consulta previa de las comunidades campesinas y nativas, y podría generar mayor conflictividad social en el Perú

RED MUQUI y sus organizaciones miembros, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:

1. El pasado 6 de setiembre, la bancada del Partido Fuerza Popular ha presentado el proyecto de Ley 213-2016-CR, Ley que modifica el art. 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

La modificación propuesta de dicho artículo es: “En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas".

2. RED MUQUI y sus organizaciones miembro rechazamos éste Proyecto de Ley, que desconoce un derecho colectivo como el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011.

3. Hasta la fecha en el sector minero sólo se han realizado 4 consultas previas, que sólo han sido realizadas a proyectos de menor envergadura y donde no hubo información adecuada, tiempo suficiente para discutir en espacios de decisión comunal, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico. En algunos casos éstas consultas terminaron siendo en la práctica “convenios” entre empresa minera, Estado y comunidades, y en otros, como denunció la Defensoría del Pueblo, nunca se aplicó la consulta previa cuando debió hacerse a algunos proyectos mineros, desconociéndose la calidad de pueblos indígenas de poblaciones o exigiendo que renuncien a ella, y desconociendo los informes al respecto del Viceministerio de Interculturalidad.    

4. Ésta medida denota un claro interés por desconocer a las Comunidades Campesinas y Nativas en nuestro país, consideradas por el mismo Estado Peruano como Pueblos Indígenas en sus informes ante la OIT, y busca su desaparición. Y es que dichas Comunidades ocupan el 49.1% del área nacional del país, de las cuáles solo el 28.2% tienen título de propiedad. Además, cerca del 50% de los territorios de las Comunidades Campesinas ya están concesionadas para actividades mineras, por lo que se entiende que el trasfondo de ésta medida es facilitar el acceso a dichos territorios de proyectos especialmente de industrias extractivas como la minera.  

5. Consideramos que ésta propuesta legislativa denota un claro contubernio entre el partido Fujimorista y los grupos de poder económico, y con el mismo partido del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK), pues con su aprobación, dicho proyecto busca la no aplicación de la consulta previa en el sector minero especialmente, a partir, entre otros, de la propuesta del gobierno del "adelanto social", que no busca otra cosa que solucionar los problemas “con la plata por delante”, sin tener una diálogo previo que considere las demandas de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, las problemáticas de fondo de los pueblos indígenas, propiciando con ello un clima de conflictividad social, sin considerar que la consulta previa es más bien, un mecanismo de prevención de conflictos.

RED MUQUI considera que las inversiones nacionales y extranjeras son importantes para el país, pero ello conlleva a establecer con claridad donde si pueden o no deben realizarse, y en caso de emprenderse alguna actividad extractiva, se deben establecer estándares adecuados de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y a nuestro ambiente.

Los paquetes normativos dictados durante los años 2013 y 2015 y éste proyecto de Ley, lo que buscan es desregular los ya reducidos derechos a la tierra de nuestras comunidades campesinas y nativas, que son fundamentales para su existencia, y evitar que éstas participen en las decisiones que las afectan a través de la consulta previa, lo que es su derecho.

Por ello demandamos el archivamiento del citado proyecto de ley en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, de Ambiente y Ecología, donde debiera pasar en el Congreso, pues de lo contrario sólo se generaría mayor conflictividad social, y exigimos que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como consideramos ha sido hasta la fecha en el sector minero.

Lima, 08 de setiembre de 2016

RED MUQUI

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