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Líderes indígenas rechazan mentiras del Estado en audiencia internacional

Foto: Captura de conferencia de prensa realizada el miércoles 7 de octubre por líderes indígenas

Ni protección ni atención a las familias de los defensores ambientales asesinados. Esa es la realidad que denuncian los líderes indígenas y que el Estado, intentó ocultar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Servindi, 7 de octubre, 2020.- Un contundente rechazo expresaron diversos líderes indígenas contra los argumentos vertidos por el Estado peruano en una reciente audiencia internacional sobre derechos de pueblos indígenas.

Los líderes lamentaron que el Estado haya tenido que recurrir a “mentiras” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacerles creer que están protegiendo a los defensores ambientales.

“En la práctica, no existe nada”, señalaron los dirigentes indígenas que se sienten desprotegidos ante tantos asesinatos registrados en sus comunidades y frente a amenazas crecientes como el narcotráfico.

Absoluto rechazo

La audiencia que debió marcar un punto de quiebre en la actitud del Estado peruano frente a los pueblos originarios, terminó decepcionando más a los líderes indígenas.
 

 

“El Estado, nuevamente, le ha mentido al mundo, diciendo que hay políticas a favor de los pueblos indígenas. En la práctica, no existe nada”, dice indignado Berlin Diques Ríos.

El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) resume en esta frase la sensación que les dejó la audiencia pública desarrollada ante la CIDH el 6 de octubre.

En ella, una delegación del Estado integrada por cuatro funcionarios, aseguró que venían brindándole protección a defensores ambientales y a las familias de aquellos que murieron asesinados.

Diques Ríos, al igual que el resto de dirigentes indígenas presentes en la audiencia, asegura que esto no es cierto.

En plena pandemia, los defensores ambientales Gonzalo Pio y Arbildo Meléndez fueron asesinados y “sus familias están en completo abandono”, dijo.

Amenazados por el narcotráfico

A los conflictos territoriales que registran las comunidades indígenas, se ha sumado una amenaza cada vez más creciente en sus comunidades: el narcotráfico.

Esto ha llevado a que los dirigentes indígenas marquen una postura firme contra esta actividad ilícita, algo que les ha valido una serie de amenazas, según narraron ante la CIDH.

Recientemente, un día después de que un trabajador de la organización ORAU fuera abaleado, Berlin Diques recibió una nota en la que lo amenazaban de muerte.
 

Una nota con amenazas para los líderes Berlin Diques y Jamer López llegó hace unos días al local de ORAU.

“¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Pueden responder a esto o realmente quieren vernos en un ataúd para desaparecernos?”, se pregunta Ivan Flores, dirigente de la comunidad ucayalina Santa Clara de Uchunya.

Jesús Cahuasa, líder de la comunidad indígena Unipacuyacu (Huánuco), también contó que a los territorios indígenas ingresan colonos para sembrar cacao, plátano o papaya, pero que solo son una fachada.

“En el fondo, lo que están haciendo es el trabajo ilícito de la hoja de coca”, cuenta.

Demandas pendientes

Para frenar la expansión de este tipo de actividades, los líderes exigen que el Estado concrete los derechos territoriales de sus comunidades.

Es el caso de las comunidades Unipacuyacu, Nuevo Amanecer Hawai y Santa Clara de Uchunya.

Esta última se encuentra a la espera de la sentencia sobre una demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional, mediante la cual pretenden lograr la restitución de sus territorios.

De acuerdo al dirigente Ivan Flores, es el magistrado Carlos Ramos el ponente de la causa y, por ende, el encargado de preparar el borrador de la sentencia, hecho que hasta el momento no ocurre.
 

Al igual que otras comunidades, Santa Clara de Uchunya exige al Estado la restitución de sus territorios arrebatados por invasores.

Además de sus derechos territoriales, piden que el Estado no deje impune las muertes de los líderes indígenas que fueron asesinados por defender sus territorios.

Asimismo, que disponga el apoyo a las familias y viudas de los defensores ambientales asesinados, como es el caso de Maribel Casancho, cuyo esposo Gonzalo Pío Flores, fue asesinado en mayo de este año.

“Han pasado cuatro meses desde que mi esposo falleció y hasta el momento ninguna autoridad del Estado me ha llamado para saber si necesito algo. Sé que mi caso es el mismo que están pasando otras hermanas”, lamentó Casancho.

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