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Perú: El incierto escenario en un país con más de 50 mil casos

Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

En medio de una curva de contagios de COVID-19 que no muestra tendencia a la baja, el gobierno peruano ha decidido reanudar la actividad económica en el país a partir de este mes. ¿Qué tan incierto es el escenario en un país que ya superó los 50 mil casos de contagio?

Por Renzo Anselmo

Servindi, 6 de mayo, 2020.- El segundo país con la mayor cifra de contagios en América Latina tiene aún un futuro incierto en su lucha contra el COVID-19. Aunque su curva de infectados no ha mostrado una tendencia a la baja, las autoridades del Perú han anunciado para este mes el reinicio de las actividades económicas de manera progresiva.

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) informa que, al 6 de mayo —día 52 del estado de emergencia nacional— el Perú registra 54,817 casos confirmados de COVID-19 y 1,533 personas fallecidas. Esto es 3,628 casos y 89 muertos más que el día anterior

Aunque las cifras pudieron haber sido más lamentables, diversas autoridades, incluyendo al propio presidente de la República, Martín Vizcarra, han tenido que reconocer que los resultados de las estrategias de contención no han sido los esperados.

«Este tercer martillazo, esta tercera medida que se ha tomado, no ha dado los resultados como esperábamos. Todos queríamos que baje un poco más la pendiente de casos», reconoció anoche Pilar Mazzetti, presidenta del Comando de Operaciones COVID-19, en un programa de televisión nacional.

Para el médico epidemiólogo Mateo Prochazka, el martillo —un término citado en un artículo por el ingeniero Tomás Pueyo para referirse a las medidas agresivas que son necesarias de adoptar para reducir el número de contagios— podría haber agotado su funcionalidad y no generar mejores resultados en Perú.

«Lo que ha pasado ahora es que no hay mucho más que se pueda hacer. A estas alturas, no se pueden adoptar medidas de control más fuertes porque lo que se estableció en el Perú se heredó de otros países», señaló Prochazka en una entrevista para La República.

Foto: Pilar Mazzetti, presidente del Comando de Operaciones COVID-19 reconoció que el último martillazo no tuvo los resultados esperados. Fuente: GEC - Andrés Paredes

Evolución

Han pasado dos meses desde que el Perú reportó su primer caso positivo de COVID-19 el 6 de marzo. Para el primer mes, 6 de abril, el país registró 2,561 casos de contagios y 92 muertos, una cifra que se ha incrementado significativamente para este segundo mes.

Entre el 6 de abril y el 6 de mayo, Perú ha reportado 52,256 nuevos casos y 1,441 muertos. Aunque estos datos sitúan la tasa de letalidad actual en 2,80%, el porcentaje podría ser mayor ya que las autoridades sanitarias están considerando en un mismo grupo a los casos detectados con pruebas rápidas (36,313) y moleculares (18,504). Las primeras no son muy confiables y la OMS no recomienda su uso.

Otra de las razones por las que se estima que la tasa de letalidad no representa la realidad de la relación entre los infectados y los decesos es el subregistro de fallecidos que el gobierno reconoció mantener.

Esto se debe a que, en un primer momento, el Ministerio de Salud (Minsa) solo contabilizaba como fallecidos a los pacientes diagnosticados con COVID-19 que murieron por complicaciones del virus y no, a quienes fallecieron con los síntomas, pero sin pasar por la prueba rápida o que no obtuvieron el resultado de la prueba a tiempo.
 

Foto: Un hombre muerto es recogido por los trabajadores de un crematorio en el distrito limeño de El Agustino / Fuente: Omar Lucas - IDL-Reporteros

Fases de transmisión y centros de contagio

El 17 de marzo, Martín Vizcarra informó que el Perú se encontraba en la fase 3 de la pandemia COVID-19, la llamada fase de transmisión comunitaria, en la que se pierde el trazo de contagios y aparecen pacientes sin antecedentes de contacto con una persona infectada, según comunicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Siguiendo este listado de “fases de transmisión de la enfermedad”, existe una etapa adicional denominada fase 4 de transmisión sostenida en la que los brotes locales de transmisión afectan a muchas localidades y la enfermedad se propaga exponencialmente.

Aunque Vizcarra no ha confirmado que el país haya llegado a esta fase, lo cierto es que el COVID-19 se ha expandido por todas las regiones del Perú, siendo Lima (35,299), Callao (4,404) y Lambayeque (3,127) las que registran más casos positivos.

La disponibilidad de camas de UCI es otro indicador de la expansión. De las 902 camas UCI con las que cuenta el Perú, solo 185 están disponibles: 98 a cargo de los gobiernos regionales, 44 en EsSalud, 28 en clínicas privadas, 6 en el Minsa y 6 en los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.  

Mientras los centros penitenciarios ya registran 1,203 infectados (900 internos y 303 trabajadores) y 65 muertos, la Defensoría del Pueblo informó el miércoles 6 de mayo que solo en tres centros psiquiátricos existen 105 infectados (41 pacientes internados y 64 trabajadores).

Si la pregunta fuera: ¿estamos en el momento adecuado para levantar la cuarentena en la sociedad peruana —donde el 70% de la población que vive del trabajo informal tuvo que suspender sus actividades—? la respuesta sería no desde el análisis epidemiológico.

Si la pregunta fuera: ¿estamos en el momento adecuado para levantar la cuarentena en la sociedad peruana —donde el 70% de la población que vive del trabajo informal tuvo que suspender sus actividades—? la respuesta sería no desde el análisis epidemiológico.

«No tenemos los datos de mejor calidad, no hemos visto que la capacidad del sistema de salud haya crecido lo que debía y, en cambio, estamos cerca de saturarlo, si es que no se saturó ya en varios lugares del país. Sin embargo, desde un punto de vista más integral, sí puede ser el momento», asegura el epidemiólogo Prochazka.

Para el especialista, quien considera que «la curva ya no se va aplanar más de lo que se aplanó con las medidas de control», este puede ser el momento de pensar en medidas más regionalizadas, enfocadas en mitigar la transmisión en lugares específicos de acuerdo a la evolución de los datos. Y quizás así se explique la decisión del gobierno de reiniciar las actividades económicas de manera progresiva.
 

Foto: En el Perú, el 70% de la población económicamente activa trabaja en sector informal.  Fuente: USI

Reactivación económica

La reactivación económica se efectuará en cuatro fases. Iniciará este mes de mayo y se irá desarrollando una fase por mes hasta llegar a agosto. En esta primera etapa, el gobierno dispuso la reanudación de 27 actividades comprendidas dentro del sector minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes, y comercio.

Según el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, antes de reiniciar las actividades, los sectores comprendidos en la fase 1 deben publicar los Protocolos Sanitarios Sectoriales en un plazo máximo de cinco días a efectos de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”.

Asimismo, para definir la implementación gradual y progresiva, las actividades deberán cumplir con algunos criterios fundamentales como el de salud pública, de movilidad interna, de dimensión social y de actividad económica y evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder Ejecutivo.

Esta decisión ha generado diversos cuestionamientos sobre todo en la población indígena del país que reclama la falta de un plan de emergencia especial para atender a las comunidades indígenas y denuncia que el reinicio de las actividades extractivas podría conllevar un riesgo de etnocidio indígena.
 

Foto: La población indígena del Perú aún no reclama un plan especial de emergencia que atienda a las comunidades originarias del país. Fuente: Aidesep

En una carta dirigida al presidente de la República, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —la organización indígena más importante del país— pide que el gobierno exceptúe del decreto las operaciones económicas empresariales en los distritos o provincias con comunidades indígenas o que impliquen el traslado de personal y mercancías dentro o cerca de las comunidades.

«Manifestamos nuestra profunda preocupación de que la reanudación de actividades durante la emergencia del COVID-19, en el caso de las áreas de comunidades indígenas, provoquen un salto en la contaminación de dicho virus, debido al aumento de la circulación de los ríos y carreteras cercanas a nuestras comunidades», señala Aidesep.

Hasta el momento el gobierno peruano no ha anunciado modificaciones en el decreto.

El último lunes, la Comisión de Pueblos Indígenas logró reunirse virtualmente con la ministra de Cultura, Sonia Guillén para que responda por la situación de la población indígena; sin embargo, la jornada se vio marcada por problemas técnicos y tuvo que ser postergada para este viernes 8 de mayo.

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