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Familias de Morococha exigen cese de hostilización y reasentamiento digno

Minería en el distrito de Morococha, región Junín (Foto: Gaby Rojas)

Por Lourdes García U.

Servindi, 6 de febrero, 2019.- Familias de Morococha exigen a la empresa minera china Chinalco Perú S.A. que termine con los actos de hostilización, abusos y agravios a los pobladores, que tienen como finalidad obligarlos a que abandonen su ciudad, donde se pretende realizar la ampliación del Proyecto Toromocho.

Las demandas por parte de los representantes del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Morococha, la Asociación de los Hijos Nacidos en Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho de Morococha, se dan tras haber logrado una resolución favorable del Juzgado Mixto - Sede La Oroya.

Dicha resolución ordena a la empresa minera Chinalco se abstengan de ejercer “actos de destrucción, desmantelamientos y destrozos en el ornato Urbano, espacios libres acceso y esparcimiento de la Antigua ciudad de Morococha dentro del lote Municipio 34 hectáreas”. 

La delegación de representantes de Morococha está siendo acompañada por Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Pastoral Social Dignidad Humana.
 

Conferencia de prensa

¿Qué pasa en Morococha?

En el año 2003 se convocó a licitación pública el proyecto minero Toromocho. Desde que el proyecto empezó, las familias de Morococha han convivido con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones.

El 27 de noviembre de 2013, se aprobó la mudanza de asentamiento del distrito de Morococha. La empresa minera Chinalco tuvo la responsabilidad de cumplir con los instrumentos de gestión señalados dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentaron; sin embargo, no se dio una asistencia adecuada en el proceso del asentamiento, puesto que 65 familias viven hoy en día en condición de hacinamiento.

Actualmente, las familias que habitan en la antigua Morococha son víctimas de hostigamiento, agravios, amedrentamientos y abusos por parte de la minera. 

Por esa razón, el martes 29 de enero, las organizaciones de Morococha presentaron un memorial con la firma del presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, respaldado también por las autoridades ediles de la región, exigiendo un reasentamiento digno.

Elvis Fuster, representante del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Morococha, manifestó que las demandas de las familias giran entorno a dos temas principales: la propiedad y el reasentamiento.

"Estamos aquí, por el justo derecho, que nos asiste como pobladores, a la vida y a la salud. Nosotros todavía estamos hacinados en la antigua ciudad de Morococha", exclamó Fuster. 

Por su parte, Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Red Muqui, se pronunció manifestando que no se está en contra de las inversiones para el Perú, pero considera que es importante que éstas se realicen respetando los derechos fundamentales de las poblaciones.

"Consideramos que es importante sobre todas las cosas, los derechos de las personas: a la tierra, a la salud y a la vida; y eso es lo primero que se debe respetar y hacer respetar por parte del gobierno antes que los ingresos económicos", agregó.

Además, pidió al Ministerio Público y a las autoridades del Poder Judicial se sumen a la importante tarea que implicará tomar medidas a las acciones legales que han iniciado los abogados que defienden a las familias de Morococha.

Estamos aquí, por el justo derecho que nos asiste como pobladores a la vida y a la salud, nosotros todavía estamos asinados en la Antigua Ciudad de Morococha

Megaproyecto Toromocho (Foto: Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú)

Demanda de amparo por un reasentamiento digno

Carlos Castro, abogado que defiende a las familias de Morococha, explicó que la demanda de amparo está fundamentada en la transgresión del proceso administrativo de la transferencia de las 34 hectáreas del "lote Municipio de Morococha" y posteriormente, a la venta de las mismas pese a haber una expresa prohibición transactiva de la norma— a favor de la minera Chinalco.

Dicha transferencia se aprobó por medio de la Resolución Nro. 1340-2018/SBN-DGPE-SDDI a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), afectando el derecho de propiedad de los pobladores que, al momento, continuán viviendo en hacinamiento.

"En Perú, en efectos de expropiar un predio del Estado para el desarrollo de obras de infraestructuras, existen cánones muy rigurosos y explícitos que se tiene que llevar a cabo, entre ellos que el titular que solicita debe ser el titular de un proyecto de inversión y Activos Mineros SAC no era el titular del proyecto Toromocho, esto correspondía a una empresa privada (minera Chinalco)", concluyó Castro.

Elvis Fuster mencionó que los pobladores de Morococha se sienten impotentes porque les "han arrebatado las 34 hectáreas y la demolición de todas las infraestructuras que se han construido dentro de Morococha".

Nos han arrebatado las 34 hectáreas y la demolición de todas las infraestructuras que se han construido dentro de Morococha

"Con presentar la acción de amparo y medida cautelar no estamos afectando en nada al Estado peruano. Las demandas son solamente para salvaguardar la vida, la salud y la propiedad de nuestra población", acotó Mauro Marín, representante de la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha.

Asimismo, la preocupación por el reasentamiento en la Nueva Morococha, no cesa entre las familias. Esta preocupación se justifica en el EIA presentado, donde los instrumentos de gestión afirman que dicho suelo cuenta con la presencia de metales pesados, como también revela peligros de inundación

"Se están vulnerando nuestros derechos a un reasentamiento digno y al derecho constitucional de la propiedad. Realmente para nosotros la forma en la que nos han arrebatado nuestras 34 hectáreas ha sido muy lamentable, porque lo hicieron de manera arbitraria", argumentó Elvis Fuster.

Se están vulnerando nuestros derechos a un reasentamiento digno y al derecho constitucional de la propiedad

"Nosotros, como población, no estamos en contra de la minería, no estamos en contra de la inversión; al contrario, hemos abierto las puertas a la inversión que es necesaria en la República del Perú, pero bajo las normas, lo que queremos es la responsabilidad de la minera, realmente nos tiene que asistir y respetar nuestro derecho a la vida", finalizó Fuster.

Lo que queremos es la responsabilidad de la minera, realmente nos tiene que asistir y respetar nuestro derecho a la vida

 

Jurado mixto de la Oroya ordena que Chinalco deje de destruir territorio que pertenece a Morococha (Foto: Red Muqui)

Delito de negociación incompatible

Cabe destacar que el conflicto social por el que atraviesan las familias de Morococha se ha tornado también en un tema de carácter nacional, ya que la transacción y venta del "lote Municipio Morococha" a la minera Chinalco se ha dado de manera muy irregular.

El Dr. Juan José Camayo, presentó una denuncia penal contra el exviceministro de Minas, Ricardo Labó Fossa, fundamentada básicamente en el delito de negociación incompatible, conocido también como aprovechamiento indebido del cargo de funcionario o servidor público.

El Decreto Legislativo Nro. 1192 otorga a la SBN la competencia para administrar y custodiar bienes de carácter nacional. El decreto subraya que solo se debe transferir los bienes de propiedad del Estado para ejecución de obras de infraestructura en beneficio de la sociedad. 

Para ello, el señor Ricardo Labó Fossa, viceministro de Minas en ese entonces, solicitó a la SBN se le transfiera la propiedad de "lote Municipio de Morococha" a Activos Mineros S.A.C., una empresa de carácter estatal. El mismo día que se presentó la solicitud, la SBN mediante Resolución 130-2018 corrió el pedido y realizó una transferencia expropiatoria de propiedad para Activos Mineros S.A.C.

Como resultado, el 12 de mayo de 2018 mediante Resolución Suprema, el exviceministro Labó Fossa renunció al cargo de viceministro de Minas y asumió, fechas después, el puesto de Presidente del Directorio de Activos Mineros S.A.C. para finalmente, realizar la venta de las 34 hectáreas del "lote Municipio de Morococha" a la empresa Chinalco por la suma de 5 millones 900 mil soles.

"Aquí estamos viendo un hecho sumamente grave, un hecho sumamente delictivo. Nosotros hemos enfocado esta denuncia en el delito de negociación incompatible", enfatizó Camayo.

"La denuncia que nosotros estamos presentando, es contra altos funcionarios del Estado, Ricardo Labó Fossa, exviceministro de Minas; asimismo, estamos haciendo la denuncia contra María del Pilar Pineda Flores, que ocupaba el cargo de Subdirectora de Desarrollo Inmoviliario de la SBN; además a Antonio Montenegro Criado, Directivo de Activos Mineros S.A.C. y a Alberto Ñecco Tello, Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)", puntualizó Camayo.

La denuncia que nosotros estamos presentando, es contra altos funcionarios del Estado

Al cierre de la nota, personal de las organizaciones de Morococha ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Lima y han solicitado se abra una investigación a las personas mencionadas. 

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