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Honduras: el país con más líderes atacados durante la pandemia

Al menos 150 líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes fueron atacados en conflictos vinculados con proyectos en sus territorios. El 73% de las comunidades de este país son afectadas por proyectos de infraestructura y del sector energético.

A nivel de Latinoamérica, Honduras es el país que registra el mayor número de comunidades cuyos líderes sufrieron ataques a raíz de la presencia de proyectos en sus territorios, revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia.

Esta cifra representa el 17% de todos los ataques en comunidades registrados por dicha plataforma, que recogió información entre 2020 y 2021 para analizar la situación en seis países de la región.

Los líderes se han tenido que enfrentar principalmente a proyectos de infraestructura y energía que afectan al 73% de las comunidades registradas para este país, indica la plataforma.

Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia es una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Análisis de proyectos

Honduras registra 30 proyectos mapeados que afectan a 138 comunidades. De ellas, 51 son afectadas por proyectos de infraestructura y 50 por la industria energética.

El estudio muestra a detalle que el 64% de la industria de energía que afecta a las comunidades pertenece al subtipo de hidroenergía. El resto se reparte en energía de biomasa, energía solar, energía geotérmica y termoeléctrica en iguales porcentajes (9%).

En el caso del sector infraestructura, las afectaciones se vinculan a la venta de terrenos comunales y la construcción de residencias con problemas de ingeniería, diseño arquitectónico y de acceso a servicios que pondría en peligro el acceso al agua, entre otros.

Esta situación ha convertido a Honduras no solo en el país con más líderes atacados, sino también en el segundo, después de Colombia, con el mayor de número de defensores asesinados: siete víctimas durante la pandemia (2020-2021).

Algunos líderes ambientales que se opusieron a la instalación de represas hidroeléctricas por considerarlas sumamente peligrosas para los ríos y las comunidades fueron asesinados y sufrieron persecución.

Gregoria Jiménez, presidenta de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), comenta que en muchos de estos casos han tenido que presionar para no dejar que se archiven.

“Si no hubiera insistencia de las comunidades y las organizaciones que acompañamos en los procesos, seguramente serían casos archivados”, dijo en referencia a las actividades extractivas en su país.

Añadió que esto les ha demandado unir fuerzas para informar su situación. “Hay más de 10 emisoras a nivel nacional. Hacemos un trabajo en red para realizar alianzas con otros pueblos que tienen las mismas problemáticas”.

¿Islas de ensueño?

Detrás de las reseñas turísticas que presentan las playas del Caribe hondureño como paradisíacas, se encuentran relatos de despojo y violencia contra el pueblo garífuna.

A lo largo de su historia, los miembros de este pueblo han sufrido desplazamientos forzados de sus tierras.

Primero por la presencia de las compañías multinacionales dedicadas a la exportación de fruta, que se instalaron en el siglo XX y, más tarde, con el auge del turismo y la instalación de monocultivos para generar aceite de palma.

Este es el caso del Parque Nacional Jeannette Kawas en Bahía de Tela, donde antes y durante la pandemia se registró el desplazamiento forzado de comunidades que permanecían arraigadas durante casi 225 años.

La intromisión de la palma aceitera en el terreno estaría afectando el centro turístico Laguna de Zambuco y a las comunidades garífunas de Tornabé, Miami, San Juan, El Triunfo de la Cruz y La Ensenada.

La presidenta de la ODECO explica que “muchos cultivos locales no logran subsistir si comparten terreno con el cultivo de la palma africana. Va en contra de los principios de la comunidad garífuna”.

Las comunidades garífunas también señalan que pretenden despojarlos de sus territorios para imponer un megaproyecto en el Parque Kawas, sin haberse realizado la consulta previa y sin el consentimiento de las poblaciones afectadas.

Otras industrias que afectan a las comunidades de Honduras son la agroindustria (22 comunidades), la minería (13) y la extracción de madera (2).

Cabe señalar que el 67% de los proyectos antes mencionados en Honduras son de origen legal.

Derechos vulnerados

Existen tres derechos que destacan por haber sido violados en más de la mitad de los 30 casos registrados en Honduras.

Son los derechos al consentimiento libre, previo e informado (14 casos), al dominio colectivo del territorio (14) y a la defensa de la tierra ancestral (13). Ellos representan el 45% de los casos estudiados.

También se registró la vulneración a los derechos a un medio ambiente saludable (47.83%) y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo (47.83%).

Debido a acciones de defensa, algunos defensores de las comunidades afectadas recibieron amenazas (56.52%) y fueron víctimas de asesinato (30.43%).

De otro lado, la deforestación y la contaminación de agua fueron los impactos ambientales presentes en más del 60% de los casos.

En cuanto a impactos sociales, la alteración de la disponibilidad de agua, alteración de medios de vida tradicionales y el desplazamiento de poblaciones fueron las consecuencias que más han dañado a las comunidades, registrándose en un 50% de los casos.

Gregoria Jiménez invoca a continuar con resiliencia y ser propositivos en su lucha, sobre todo ahora que están a punto de cumplir 225 años de presencia garífuna en Honduras, el próximo 12 de abril.

“Necesitamos elevar el perfil en el que estuvieron nuestros pueblos, vistos como objetos y no como sujetos de acción. Queremos ver rostros de mujeres afrodescendientes en instituciones que deciden el rumbo del país”, indicó.

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