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Gobierno de Correa desaira a indígenas en la CIDH

Foto: www.nodal.am

Servindi, 4 de abril, 2016.- Como en anteriores ocasiones, el Gobierno ecuatoriano no presentó representantes a la audiencia pública programada para hoy en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para tratar el tema: Derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas de Ecuador.

“Nos hemos dado cuenta de que el Estado no está presente, lamentamos mucho el hecho. Sin embargo, vamos a seguir con esta audiencia”, dijo el comisionado James L. Cavallaro al comienzo de la cita que no empezó puntual porque, justamente, se aguardaba la llegada de la delegación del gobierno de Rafael Correa. 

Con esta audiencia se daba inicio al 157 periodo de sesiones de la CIDH, que se realizará hasta el 15 de abril.

La cita sirvió para que Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), denuncie la supuesta intención del gobierno de dividir la estructura política del movimiento indígena. 

Durante la audiencia manifestó que "desde el 2015 con más rigor el Gobierno ha violado el derecho constitucional a través de enmiendas que prácticamente plantean una reforma de la Constitución en temas de fondo, abusando del poder."

Denunció así una "estrategia" del gobierno para dividir a las organizaciones y que se ha hecho evidente, explica, al "nombrar directivas ilegítimas destruyendo estructuras (políticas) en las tres regiones del país". 

La citada reforma tiene que ver con decretos ejecutivos y acuerdos institucionales. Una medida puntual es el Decreto 16, firmado el año 2013 y modificado el 2015, el cual establece mecanismos para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios).

El decreto prohíbe a las organizaciones 'desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas' o dedicarse a actividades de política partidista que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública. Este decreto sirvió para la disolución de la Fundación Pachamama.

"Dicho decreto busca regular a las organizaciones sociales y dentro de esto a las organizaciones indígenas, lo cual está afectando claramente el artículo 96 de la Constitución", expuso al respecto Carlos Masabanda, representante de Terra Mater. 

Agregó que dicho artículo "establece el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad y la posibilidad de incidir en políticas públicas y el control social de todos los niveles de gobierno".  

Sobre el decreto añadió que este "puede afectar la libertad de asociación de los pueblos indígenas, quienes permanentemente están ejerciendo su derecho a la resistencia en relación a políticas públicas que consideran que afectan sus derechos establecidos en la Constitución”. 

Otra amenaza, sostuvo Masabanda durante la audiencia, es lo derivado de los cambios hechos al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) que tenía como funciones "el reconocimiento de estatutos y de consejos de gobierno". 

Desde el 2015 se asume que estas funciones son cumplidas por la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad. 

La audiencia fue convocada a petición de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH]) y Terra Mater. 

Carta del Gobierno

Si bien el Estado no se hizo presente en la audiencia, sí envió una carta dirigida al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. La misiva, que fue leída durante la sesión, criticó el formato de las audiencias temáticas, en las que se trata un tema más amplio, frente a las no temáticas, en las que suelen tratarse casos concretos.

“Ecuador rechaza la utilización de este foro interamericano para exponer insistentemente supuestos reclamos sobre casos particulares, ya que este mecanismo atenta no solo contra el procedimiento reglamentario de la CIDH, sino también contra los derechos de defensa del Estado Ecuatoriano”, se lee en la carta. 

En otra parte la misiva, firmada por el vicecanciller ecuatoriano Xavier Lasso, critica "la participación constante de los mismos actores", esto en referencia a las organizaciones peticionarias. 

De acuerdo al gobierno de Correa, esto "origina un posicionamiento politizado que pretende reflejar la visión de un grupo de la sociedad nacional, que pretende arrojarse el rol de vocero de la sociedad ecuatoriana y no de su conjunto”. 

Tal como recuerda la agencia EFE, el Gobierno de Ecuador es uno de los más críticos con la actuación de la CIDH, a la que acusa de ser parcial en su contra y de otros países.

En otros aspectos cabe precisar que finalizada la audiencia tuvo lugar otra también sobre Ecuador. A esta cita sí se presentó la delegación del Estado. Se trató el caso 12.786 - Luis Eduardo Guachalá Chimbo y Zoila Chimbo Jarro. 

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