Servindi, 4 de marzo, 2020.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exige que la política de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respete los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo demandó mediante un comunicado emitido el 4 de marzo en el diario La República, donde manifiesta su preocupación ante las potenciales amenazas en las que viven los pueblos indígenas dentro de sus territorios, donde suelen superponerse proyectos de infraestructura y actividades extractivas.
Por esa razón, la organización indígena nacional expresó su rechazo al borrador de la política de salvaguardas que pretende aprobar el BID, principal institución que financia el "desarrollo" en Latinoamérica.
AIDESEP pidió que se respeten los derechos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, tal como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, demandan que dicha política de salvaguardas garantice el respeto por los derechos sobre el medio ambiente, con el objetivo de "generar desarrollo" y no, como el borrador actualmente plantea, de "no dañar".
Cabe precisar que a nivel mundial el BID tiene 588 proyectos y 34 se ejecutan en Perú, solo en uno están involucrados los pueblos indígenas que representa la AIDESEP.
Se trata del Proyecto de Inversión Pública “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3”; que aún no ha titulado ni una sola comunidad, a pesar de estar en su fase final, señaló AIDESEP.
A continuación el pronunciamiento completo:

Borrador de la política de salvaguardas ambientales y sociales
del BID vulnera los derechos de los pueblos indígenas
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización nacional representativa y vocera oficial de los pueblos indígenas u originarios de la Amazonía peruana, que agrupa 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y representan a 1809 comunidades nativas, nos dirigimos a la administración, al directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la opinión pública para manifestar nuestra preocupación ante potenciales amenazas que vivimos los pueblos indígenas en nuestros territorios.
El continente Latinoamericano es considerado la región más peligrosa del mundo para las y los defensores de derechos humanos, sobre todo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente como los pueblos indígenas, en cuyos territorios suelen superponerse proyectos de infraestructura y actividades extractivas. A ello, se suma que las Instituciones Financieras Internacionales, como el BID, financian megaproyectos que, sin adecuados estándares socio ambientales, son riesgosos para los pueblos originarios que viven del bosque. Actualmente, se viene desarrollando el proceso de modernización del Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID.
Por ello, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la publicación del borrador de la política de salvaguardas que pretenden aprobar el BID, principal institución que financia el "desarrollo" en Latinoamérica:
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Exigimos que se garantice la no afectación de nuestros derechos colectivos, al momento de adoptarse medidas innovadoras para que el banco ejerza su responsabilidad directa de supervisar y monitorear el cumplimiento de sus salvaguardas ambientales y sociales. Salvaguardas que serán asumidas por los presentarnos, intermediarios financieros y principales involucrados en la cadena principal de suministros.
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Pedimos que se cumpla con el compromiso de abordar las recomendaciones que dio la Oficina de Supervisión y Evaluación (OVE, por sus siglas en inglés) del banco, relacionadas al fortalecimiento de las capacidades de la unidad de salvaguardas del BID y la capacidad de sus prestatarios para el cumplimiento de la política de salvaguardas, las cuales no se encuentran incluidas en el borrador de política de salvaguardas. Sin embargo, el borrador plantea una mayor responsabilidad del prestatario para supervisar y monitorear su propia ejecución de actividades relacionadas con la política de salvaguardas (los prestatarios no pueden ser juez y parte).
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Solicitamos expresamente que se respeten los derechos fundamentales como la CONSULTA y el CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO, sobre todo cuando se trata de desplazamientos físicos o económicos de los pueblos indígenas, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones unidas.
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Rechazamos que el borrador entienda como consentimiento, aquel que pueda darse de manera fragmentada y que no se ajuste al espíritu de representación de los pueblos indígenas, lo que podría llevar a convertir a los procesos de consulta y consentimiento en mecanismos que promuevan el divisionismo indígena.
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Lamentamos que las salvaguardas no garanticen el derecho al territorio indígena en áreas sobre las cuales existen procesos de titulación aún pendientes, ni que contengan medidas que respondan al respeto irrestricto de la intangibilidad de los territorios habitados por pueblos en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial y, solo se hayan declaraciones ambiguas con miras a "evitar" entrar en contacto.
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Alertamos que el borrador incluye supuestos y responsabilidades redactadas frágilmente, lo que es inaceptable al tratarse de políticas que buscan evitar impactos sobre derechos humanos fundamentales y, porque el banco estaría incumpliendo con las recomendaciones hechas por la OVE sobre la necesidad de identificar y gestionar los riesgos de manera clara y sin ambigüedades.
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Demandamos que la política de salvaguardas ambientales y sociales que apruebe el BID, garantice el respeto por derechos humanos fundamentales y sobre el medio ambiente, con el objetivo de "generar desarrollo" y no, como el borrador actualmente plantea, de "no dañar", lo que incluye un enfoque institucional que privilegie el bienestar y desarrollo sostenible antes que la ejecución de proyectos que asumen riesgos e impactos negativos.
Por lo manifestado, reafirmamos nuestro compromiso de velar por la construcción de marcos normativos y salvaguardas que incidan positivamente en la lucha de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo cuando se tratan de instituciones multilaterales que deben prestar atención a los desafíos y oportunidades ambientales en todos los ámbitos y actividades que financie. Asimismo, instamos al BID a que las consultas que está llevando a cabo, se complementen con una segunda etapa de consultas presenciales que garantice la participación. Hasta el proceso de implementación, etapa crucial para garantizar un efectivo marco institucional de salvaguardas.
Lima 4 de marzo de 2020.
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
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Durante el foro "Hacia dónde queremos ir con el nuevo marco de políticas ambientales y sociales del BID: propuestas de los pueblos indígenas y la sociedad civil", realizado la tarde del 4 de marzo, la AIDESEP presentó sus propuestas trabajadas internamente en materia de política social y ambiental.
Pidió también que se respete su derecho consuetudinario y sean consideramos en los futuros proyectos financiados por el BID.
Por su parte el BID se comprometió a revisar sus políticas ambientales y sociales incluyendo el enfoque indígena.
"Queremos ir más allá de las salvaguardas tratando de incorporar sus aportes. Vamos a dar una pronta respuesta por escrito en la brevedad posible", expuso Roberto Manrique, Jefe de la comisión del BID.

Foto: Aidesep
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Comentarios
Es una pena AIDESEP , si Uds
Es una pena AIDESEP , si Uds.aceptaron este proyecto, posiblemente, que no les pagaron a los dirigentes por ello están protestando
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