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Cuestionan interculturalidad de "Juntos" en dos cuencas amazónicas

Mujeres wampis. A la izquierda, Lola Tuwirán. Foto: Jonathan Hurtado / Servindi

Por Jonathan Hurtado

Servindi, 3 de mayo, 2016.- El programa social Juntos que, según sus principios, debería ejecutarse bajo un enfoque de restitución de derechos, es objeto de serios y numerosos cuestionamientos por parte de padres y madres de familia del pueblo indígena Wampis de las cuencas de los ríos Santiago y Morona, de las regiones Amazonas y Loreto, respectivamente. 

Y es que lejos de contribuir a la reducción de la pobreza, las madres señalan que "están siendo condicionadas a utilizar unos servicios de mala calidad, irrespetuosos con nosotras y que además violan nuestros derechos como mujeres wampis."

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, más conocido como Juntos, es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y consiste en la entrega de dinero —100 soles, aproximadamente 31 dólares— a los hogares que están en situación de pobreza. 

La entrega se realiza a condición de que los niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y madres gestantes usen los servicios públicos de educación, nutrición y salud. En caso de no hacerlo la entrega del estímulo monetario se suspende. 

En un contexto no amazónico serían reducidos los obstáculos al cumplimiento de estos requisitos; no obstante en el medio amazónico la realidad es otra. 

"Yo siempre he dicho que se enfoquen en nuestra realidad, en nuestras costumbres. En la ciudad es diferente. A veces las mamás viven en otros sitios o en otra comunidad. O están en una quebrada, llueve, crece el río, y a veces una no tiene como irse al otro lado (a atenderse)", explica Lola Tuwirán, mujer wampis del río Santiago. 

Si bien las distancias son un enorme obstáculo, el no contar con infraestructura adecuada o personal capacitado es lo primero que, por graficarlo de algún modo, bloquea el acceso a las mujeres. Hecho que incumple con lo establecido por el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia Constitución Política del Perú.  

En una asamblea del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, que se realizó el mes de marzo, decenas de mujeres acordaron enviar un pronunciamiento a varios ministros de Estado, congresistas y a la misma Relatora de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la manera cómo el Gobierno ejecuta Juntos. 

En materia de salud, advierten que todas las comunidades no cuentan con postas y que el Estado no ofrece alternativas viables que garanticen "un servicio eficaz y adecuado culturalmente."

Afirman que en las escasas postas que tienen al alcance se les trata con desprecio a las madres y a veces incluso no se les atiende. 

En el pronunciamiento explican también que "cuando hay problemas graves de salud como complicaciones en los partos, problemas dentales, picaduras de víbora o cáncer — entre otros—, tenemos que salir por nuestra cuenta hasta el hospital corriendo nosotros con los gastos, que en zona de transporte fluvial son muy altos."

A todo ello se suma que las postas no cuentan con material médico adecuado y que pocas tienen un vehículo fluvial (chalupa) que sirva para atender emergencias o visitar comunidades alejadas. 

En el caso de las gestantes varias descartan de plano acudir a las postas y optan por atenderse con parteras, lo que en algunos casos ha llevado a que se las sancione con la suspensión del pago de Juntos. 

En cuanto a la administración del fármaco anticonceptivo Depo Provera, este viene ocasionando efectos secundarios en las pacientes, quienes afirman que no han sido bien informadas sobre las consecuencias de su uso. "Además, nos aplican esta inyección sin examinar si las mujeres tenemos riesgos para este tipo de anticonceptivo", sostienen. 

Elena López García, mujer líder de la cuenca del Morona.

Las mujeres wampis también cuestionan el rol de los gestores y promotores locales de Juntos, quienes muchas veces no son de la zona y no entienden la realidad de los pueblos indígenas amazónicos. Estos son los encargados de informar sobre el cumplimiento de los requisitos para recibir el estímulo monetario del gobierno.

En ese sentido, denuncian que dichos actores modifican los requisitos con lo que perjudican a las familias. 

"Queremos que el contrato del Programa Juntos diga literalmente cuáles son las condiciones exactas que tenemos que cumplir pues en función de la comunidad y del promotor/gestor local de Juntos las condiciones van cambiando", denuncian. 

Educación, el otro brazo que condiciona Juntos, tampoco se libra de cuestionamientos. "En casi todas las comunidades del Río Morona y en algunas del Río Santiago los profesores y los promotores locales nos amenazan e incluso llegan a cortarnos el pago si los niños no van con materiales al colegio", agregan.

Otra condición "creada" por los promotores sería que las madres no se separen un solo día de sus hijos, lo que terminaría perjudicando su rutina de trabajo.

Otro requisito más es que los menores no falten nunca a clases, condición que a todas luces no depende de la familia o la madre y sí más bien de circunstancias como el de la variabilidad climática o la crecida del río.  

"Cuando nos visitan los representantes del programa Juntos y ven que algunos hijos no son atendidos en cuadernos, en vestimentas, ellos informan y nos recortan (el pago monetario de Juntos)", explica Elena López García, mujer líder de la cuenca del Morona.

López explica además que el dinero, los 100 soles, no son suficientes y que pese a sus esfuerzos por comercializar sus productos no logran reunir dinero para adquirir materiales para todos sus hijos. 

Son varias las denuncias que vienen presentando madres de familia en contra de profesores y evaluadores del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA) que abusan sexualmente de menores de edad. "¿Cómo van a sancionar a los profesores si los mismos evaluadores tienen está conducta deplorable?", se preguntan. 

Otras críticas se orientan a la poca preparación de los profesores, el hecho de que muchos no sean bilingües y la pobrísima infraestructura educativa. 

Dicho esto, cabe precisar que hace algunas semanas la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) dio a conocer los resultados de su Diagnóstico de Competencias Interculturales dirigido a los colaboradores de los programas sociales que implementa el MIDIS.

Si bien los resultados del diagnóstico que se han hecho público no ofrecen cifras por regiones, se sabe que para el caso de Juntos se evaluaron a 1551 colaboradores, la mayoría en contacto con población indígena. Según los resultados, el grueso de los evaluados obtuvo una calificación favorable, lo que, en teoría, quiere decir que están capacitados para afrontar diversas circunstancias interculturales. 

No obstante, desde la perspectiva de las mujeres wampis la realidad es otra y el éxito del cual se jacta el gobierno con el Programa Juntos y que el nuevo gobierno deberá continuar debe sufrir cambios profundos para alcanzar los fines que se propone.

Puede leer el pronunciamiento de las mujeres wampis haciendo clic aquí

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