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Exigen al Estado transparencia en la explotación de recursos naturales

Servindi, 2 de marzo, 2020.- Organizaciones indígenas y de la sociedad civil, exigieron al Estado peruano iniciativas de transparencia y rendición de cuentas ante la explotación de los recursos naturales y la construcción de infraestuctura. 

A través de un pronunciamiento emitido el 1 de marzo, las organizaciones pidieron también que el Estado reafirme su compromiso y asegure una mayor atención como mecanismos de prevención ante la corrupción que atraviesa el país.

Especial preocupación concita el sector extractivo, por lo que se demanda una mejor gestión ambiental y participación de la ciudadanía. 

Se propone asegurar que las poblaciones locales conozcan el uso de los recursos del canon minero, petrolero y gasífero y, de esta manera, contribuir a una mejor gobernanza, en base al diálogo entre Estado, comunidades y empresas.

Dentro de las seis demandas expuestas, destaca el "asegurar la permanencia de Perú en la Iniciativa Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)".

Ello incluye la pronta publicación del VII Informe de Transparencia Nacional, el cumplimiento del nuevo estándar ambiental y acciones concretas para difundir la iniciativa.

De igual manera, piden "ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".

A continuación el pronunciamiento completo:

Pronunciamiento

Perú necesita fortalecer las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas en la explotación de los recursos naturales y la construcción de infraestructura

Las organizaciones de sociedad civil abajo firmantes nos pronunciamos frente a los reiterados y graves hechos de corrupción ocurridos en el país y a la necesidad de fortalecer, por un lado, iniciativas de transparencia y rendición de cuentas como mecanismos de prevención de esta problemática y, por el otro, encarar temas centrales en esta cruzada, como el financiamiento de las campañas políticas y un sistema de control más efectivo y más potente.   

En el país se vienen evidenciando, en los últimos meses, como la corrupción en la asignación y construcción de grandes obras de infraestructura ha penetrado a toda la clase política y a las grandes empresas, y tienen la fuerza para afectar la estabilidad del gabinete ministerial y generar crisis política. En este contexto, llama la atención los esfuerzos aun débiles del Poder Ejecutivo para mantener la máxima transparencia en sus decisiones, así como fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que contribuyan directamente a disminuir esta problemática.

Una de estas iniciativas existentes en el sector extractivo es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional que reúne a gobiernos, empresas y sociedad civil, con el propósito de publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.

En ese sentido, en nuestro país el EITI representa una oportunidad para transparentar de manera efectiva los procesos de generación de renta, gestión ambiental y participación ciudadana, permitiendo que las poblaciones locales conozcan el uso de recursos del canon minero, petrolero y gasífero y, de esa manera, contribuya con el diálogo necesario entre Estado, comunidades y empresas para una mejor gobernanza.

El Perú lleva participando más de 14 años en esta iniciativa, con logros importantes que lo han posicionado como un país referente en la iniciativa. Por ello, nos preocupa que los cambios en los titulares del sector Energía y Minas en los últimos meses hayan significado desinterés y desatención en los compromisos asumidos. Una muestra de ello es el retraso que acumula en la publicación del VII Estudio Nacional de Transparencia, así como pérdida de oportunidades financieras para el crecimiento y consolidación de la iniciativa.

Lo que nos preocupa es que de esta manera se está poniendo en riesgo la permanencia del Perú en esta importante iniciativa mundial, lo cual es muy grave considerando la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas en un sector afectado por alta conflictividad y desconfianza de las comunidades y poblaciones locales sobre sus aportes al desarrollo local.

Por lo expuesto exhortamos al Estado peruano a que reafirme su compromiso y asegure una mayor atención al sostenimiento de los mecanismos e iniciativas de transparencia y rendición de cuentas. De manera más específica demandamos:

  1. Asegurar la permanencia de Perú en la Iniciativa EITI y el cumplimiento de los compromisos asumidos de acuerdo al estándar vigente. Esto incluye la pronta publicación del VII Informe de Transparencia Nacional, el cumplimiento del nuevo estándar ambiental  y acciones concretas para difundir la iniciativa.
  2. Ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
  3. Mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno.  
  4. Otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.
  5. Incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa, en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura.
  6. Promover decididamente una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales, en un contexto de corrupción generalizada y crisis de la democracia representativa que pone en jaque la viabilidad de nuestro país y viene generando inestabilidad política en toda la región.  

1 de marzo de 2020

Organizaciones firmantes

  • Asociación Amazónicos por la Amazonía -AMPA
  • Asociación Arariwa
  • Asociación Interétnica de la Selva Peruana-AIDESEP
  • Asociación Nacional de Centros- ANC
  • Asociación Pro Derechos Humanos- Aprodeh
  • Centro Bartolomé de las Casas
  • Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER
  • Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP
  • Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo -DESCO
  • Centro de Investigación y Promoción del Campesinado –CIPCA
  • Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS NORTE
  • Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico-CEDIA
  • Centro Peruano de Estudios Sociales -CEPES
  • Ciudadanos al día
  • Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
  • Confederación Regional De Mujeres De Arequipa- COREMA
  • CooperAcción
  • Derecho Ambiente y Recursos Naturales- DAR
  • DESCO SUR
  • Fomento de la Vida- FOVIDA
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
  • Grupo Propuesta Ciudadana
  • Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible -IDLADS
  • Instituto del bien común -IBC
  • Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE

 

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