Indígenas cuestionan proyectos climáticos en la región San Martín

El taller de análisis de los proyectos REDD+ –realizado antes de la cuarentena– observó que una de las inconsistencias es la excesiva confianza de las entidades financieras con las metas en seguridad jurídica territorial.

Servindi, 1 de abril, 2020.- Representantes de los pueblos indígenas Shawi, Kichwa y Awajún expresaron su preocupación para evitar que los proyectos climáticos de la región San Martín debiliten sus derechos territoriales y valoren sus aportes a la mitigación.

Reunidos en un taller realizado del 11 al 13 de marzo en Tarapoto las bases de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam) coincidieron en señalar que los proyectos deben ser mejorados.

El taller de análisis de los proyectos REDD+ en San Martín observó que una de las inconsistencias reside en la excesiva confianza de las entidades financieras con las metas en seguridad jurídica territorial.

Tal es el caso del proyecto FIP -financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- que tiene una meta limitada 10 a 12 comunidades tituladas, cuando existen unas 89 pendientes de titulación.

El taller evaluó críticamente el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales, Tercera Etapa (PTRT3), que en casi 5 años no ha titulado ni una sola comunidad nativa.

Tal antecedente, demuestra ineficiencia y causa frustración, malestar y una legítima desconfianza de los pueblos indígenas acerca de los operadores públicos y privados.

Los participantes concluyeron que las entidades financieras (Banco Mundial y BID) y el Estado peruano deben dar señales concretas e inequívocas de que ningún proyecto avanzará sin consolidar la seguridad territorial comunitaria.

Observaron que los pocos procesos de titulación comunal en curso avanzan lentamente en comparación con la explosión de títulos para predios privados y concesiones forestales, de conservación privada y para grandes inversiones agroforestales.

El favoritismo a favor de intereses privados está impulsado por los negocios de carbono que llegarán con el Programa de Reducción de Emisiones (PRE, por su sigla en inglés), financiado por el Banco Mundial.

Tal situación atiza la disputa por el territorio y aviva conflictos debido a la superposición de derechos territoriales, en desmedro de las comunidades indígenas que poseen derechos territoriales ancestrales.

Esto ocurre pese a que el Banco Mundial conoce de la importancia de la seguridad jurídica territorial como condición previa para cualquier proyecto REDD+, como parte de sus propias salvaguardas socioambientales.

Durante el taller, se dialogó virtualmente, con representantes del Banco Mundial y el BID, y se plantearon cambios al diseño del PRE para atender la demanda territorial de 124 comunidades de San Martín.

También se propuso espacios para la solución de conflictos ocasionados por la superposición del Área de Conservación Regional Cerro Escalera y el Parque Cordillera Azul, entre otros emprendimientos privados.

De igual modo, se propuso redirigir la inversión productiva hacia los planes de vida comunales, valorizar los servicios ecosistémicos que brindan sus territorios -más allá del carbono-, y promover los emprendimientos de economía indígena.

¿Injusticia o error de cálculo presupuestal?

Otro importante tema concierne a la actividad “asignación de derechos” (titulación) con el que el PRE se espera alcanzar el 50 por ciento de la meta de reducción de emisiones.

Esta actividad recibiría poco más del del 1 % del presupuesto total; mientras que los “agronegocios y reforestación” recibirán el 24 %, pese a que aportarán solo al 2 % de la reducción.

En tiempos como los actuales, en los que el Estado debe optimizar el uso de los recursos a su disposición, los participaron insistieron en que el financiamiento climático se gaste de manera adecuada pues solo así se aceleraría la recuperación de las economías más vulnerables del país.

Datos:

El taller fue convocado y organizado por Codepisam, organización regional afiliada a la organización nacional AIDESEP, y contó con el apoyo del Bank Information Center (BIC) y Forest Trends. Participaron especialistas de las asociaciones de Amazon Watch, Forest Peoples Program, Paz y Esperanza y Servindi.

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