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Emergencia Awajún, Caso Espinar y Lote 64 en la ronda semanal

Servindi, 25 de julio, 2020.- En esta edición de la Ronda Informativa Nacional escuche a: Marlene Castillo Fernández, analista, Óscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia de Espinar en Cusco, Wrays Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)- Amazonas y Loreto y Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Marlene Castillo Fernández, analista

Emergencia Awajún

La acelerada propagación del COVID-19 afecta severamente al pueblo Awajún y pone en riesgo su existencia. Así lo sostiene Marlene Castillo Fernández, analista en el tema.

Asimismo, llama la atención al Ministerio de Salud por no incluir en su reporte el grupo étnico que permita visibilizar el contagio en los pueblos indígenas. Esta desinformación, según la analista, limita la implementación de políticas de protección.

Las Direcciones Regionales de Salud de Loreto, Ucayali y Amazonas son las únicas que sí incluyen la variable étnica en sus reportes. Al menos 2800 con COVID-19 confirmado pertenecen a indígenas en esas tres regiones.

Castillo Fernández lamenta que a dos meses de creada la Comisión Multisectorial que define las estrategias de atención y protección a los pueblos indígenas, esta no muestre acciones concretas de su trabajo.

Óscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia de Espinar-Cusco

Caso Espinar

El conflicto en la provincia cusqueña de Espinar se agudiza por la negativa de la minera Antapaccay al bono solidario que exigen las comunidades campesinas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19.

El diálogo con Servindi, Óscar Mollohuanca, exalcalde de Espinar-Cusco, afirmó que el aumento de contagios debido a las actividades mineras que no paran. Por ello exigen a Antapaccay cumplir con el bono según el Convenio Marco de Espinar. 

Las comunidades de Espinar esperan un nuevo diálogo con la minera, mientras la zona está llena de militares. Mollohuanca desconfía de las fuerzas del orden por antecedentes del 2012. 

Wrays Pérez, presidente del GTANW- Amazonas y Loreto

Lote 64

Luego del retiro de Geopark del Lote 64 en la provincia loretana del Datem del Marañón, los pueblos Wampís y Achuar exigen al Estado peruano la nulidad del pozo petrolero que pone en riesgo la salud y otros derechos.

Así  lo sostiene Wrays Pérez, presidente del Gobierno Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), quien manifiesta la vigilancia permanente de las comunidades ante cualquier intento de operaciones en el Lote 64. 

Desde marzo de 2019 el recurso de agravio constitucional se encuentra en el Tribunal Constitucional con el objetivo de restablecer los derechos vulnerados por operaciones en el Lote 64.

Wrays Pérez afirma que la Nación Wampís nunca se benefició en los 45 años de explotación de hidrocarburos. Por el contrario, solo recibieron impactos ambientales incalculables de parte de las empresas que operaron sin consentimiento.

Juan Carlos Ruiz Molleda, de IDL

Interferencia del Ejecutivo

Cuando el Ejecutivo aprobó el Acuerdo de Escazú en el 2018, este salió de la competencia del Gobierno e ingresó a la competencia del Congreso que debe ratificarlo en su condición de representación nacional.

Así lo argumentó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien precisó que el Ejecutivo bloquea e impide la ratificación del Acuerdo de Escazú de parte del Congreso. 

Ruiz Molleda cuestiona a los que se oponen al acuerdo internacional con el argumento que se fijaría límites a la soberanía y que se podría restringir la explotación de los recursos naturales

Puntualizó que si el Congreso ratifica el Acuerdo de Escazú, este tendría un rango constitucional sin efecto vinculante, sino de tratado internacional de derechos humanos en materia ambiental.

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