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Ucayali, Loreto y Junín en la ronda informativa semanal

Servindi, 16 de mayo, 2020.- En esta edición escuche a: Cecilio Soria, comunicador y funcionario de la Municipalidad de Masisea-Ucayali; Ronald Suárez, presidente del Consejo Shipibo Conibo Xetebo (COSHICOX)-Ucayali; Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yahuas del Bajo Amazonas (FECOTYBA)-LoretoJhony García, gerente de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Mazamari-Junín

Cecilio Soria, comunicador y funcionario de la Municipalidad de Masisea-Ucayali

Al líder shipibo y alcalde de Masisea, Silvio Valles Lomas de 42 años lo mató la burocracia por menoscabársele el oxígeno cuando su organismo batallaba contra el COVID-19. 

Así lo atestigua Cecilio Soria Gonzales, funcionario de la municipalidad y comunicador shipibo, gran amigo de Silvio Valles, quien estuvo muy cerca de la autoridad de Masisea.

La pérdida de Silvio Valles deja un vacío profundo en el pueblo Shipibo-Conibo. Su lucha por los derechos de los pueblos indígenas queda como un camino de vida ejemplar para la juventud.

Cecilio Soria denuncia que muchas autoridades no tienen vocación de servicio como el fallecido alcalde shipibo. Solo piensan en la plata y se aprovechan de la emergencia para su beneficio particular.

Cecilio Soria, uno de los promotores de la asociación nacional Aidesep, insiste en que el gobierno debe dar señales claras para la atención de los pueblos indígenas y las normas deben contar con sustento económico.

Ronald Suárez, presidente del COSHICOX-Ucayali

Por miedo a la muerte que pueden encontrar en los hospitales, muchos miembros del pueblo Shipibo-Conibo prefieren resguardarse del COVID-19 en sus comunidades.

Así nos lo reporta Ronal Suárez Maynas, presidente del Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox), quien denuncia que el registro de la Dirección Regional de Salud de Ucayali no refleja el impacto real de la pandemia en las comunidades shipibo.

Maynas se viene recuperando del coronavirus, y vivió en carne propia el temor a la muerte y la agonía por conseguir oxígeno.

Ronald afirma que las autoridades no asumen su responsabilidad. En Ucayali, desde hace cinco años existe un hospital inoperativo, que podría haber salvado muchas vidas en esta emergencia. 

Francisco Hernández, presidente de la FECOTYBA-Loreto

Al límite del Perú, entre las fronteras con Brasil y Colombia los comuneros del pueblo Ticuna sufren y mueren en silencio en sus hogares por el COVID-19. El Estado peruano no tiene presencia que garantice auxilio sanitario para salvar sus vidas. 

En diálogo con Servindi, Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yahuas del Bajo Amazonas (FECOTYBA), que articula 36 comunidades nativas, lamenta el abandono en que se encuentran los hermanos nativos.

Así ocurre en la comunidad Bellavista Callarú, ubicada en la provincia Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, totalmente desprovisto de recursos para atender a los pobladores.

A lo largo de la frontera, 10 mil habitantes indígenas corren el riesgo de contraer el COVID-19 y al deficiente sistema de salud se suma el cierre de fronteras que impide buscar ayuda. 

El líder ticuna pide auxilio urgente al Estado para proteger la vida de sus hermanos indígenas que son hitos vivos en la frontera y recuerda que también son ciudadanos peruanos.  

Jhony García, gerente de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Mazamari-Junín

En el departamento de Junín, provincia de Satipo, distrito de Mazamari la realidad es distinta y no se registran personas infectados con el COVID-19.

Al parecer, ello se debería al protocolo de atención elaborado por los jefes de las 15 comunidades asháninkas en coordinación con la Municipalidad Distrital de Mazamari.

Así lo explica Jhony García, gerente de Desarrollo de las comunidades indígenas en la localidad, quien informó que el protocolo aprobado y ejecutado por la municipalidad garantiza la autonomía comunal bajo una coordinación refrendada en actas y acuerdos. 

La iniciativa vigente oficialmente desde el 4 de mayo en las comunidades Boca Capirushari y Cañete, se ampliará la semana próxima a otras poblaciones nativas. 

El protocolo de atención es un ejemplo por adoptar, ya que el sistema de salud no funciona para las poblaciones vulnerables. 

Los recursos destinados para afrontar la emergencia no alcanzan para las comunidades, afirma García, ya que el municipio de Mazamari recibió 200 mil soles para 13 mil personas. 

Ante esta realidad, la Organización de Comunidades Asháninka de Mazamari (OCAM) demanda crear un fondo especial destinado para las comunidades de la Amazonía.
 

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