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¡Ronda Informativa!: La noticia en la voz de sus protagonistas

Servindi, 11 de abril, 2016.- Escuche a César Estrada, comunicador indígena de Cajamarca; Elena López García, lideresa del pueblo Wampis de la cuenca del rio Morona; Jaime Borda, comunicador y miembro de la asociación civil Derechos Humanos Sin Fronteras; y Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).

La Ronda Informativa Indígena es locutada por Rafael Ponte.

Ronda Informativa Indígena al 11 de abril de 2016 (puede descargar el audio con clic derecho en el botón "reproducir" de la barra gris y luego en "guardar audio como")

Amenazado de muerte

César Estrada, comunicador indígena de Cajamarca, denunció que fue amenazado de muerte por Segundo Reynaldo Tasilla Flores, quien sería trabajador de Yanacocha, empresa minera que opera hace más de 20 años en la región y que tiene a su cargo el suspendido proyecto Conga.

La amenaza se dio cuando el comunicador se encontraba en la sede de la Corte Superior de Cajamarca, por un proceso penal que afronta por presunto secuestro. Estrada afirmó que tuvo que abandonar el lugar para evitar agresiones. Escuchemos.

Estrada manifestó que el acoso contra su persona y el proceso penal que afronta se deben a una ‘’venganza por parte de los empresarios de la minera Yanacocha’’, por informar desde el 2011 sobre sus excesos contra las rondas campesinas que se oponen a Conga.

Recortan beneficios de programas Juntos

Elena López García, lideresa del pueblo Wampis de la cuenca del rio Morona, en la selva norte de Perú, denunció las condiciones en que viven niños, niñas y mujeres afectados por el derrame de más de mil barriles de petróleo en el mes de febrero.

Ella conversó con Servindi en la comunidad de Soledad, que se ubica en la ribera del río Santiago. No habla de manera fluida el castellano; para entenderla nos apoyamos en la traducción que hace Andrés Noningo Sesen, destacado líder también del pueblo Wampis.

Ella participó de una asamblea del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, que tuvo lugar el mes de marzo. El derrame de petróleo al que hace alusión se dio cerca de la comunidad de Mayuriaga, en Loreto. Su origen tuvo que ver con el mal estado del oleoducto norperuano que opera la empresa estatal Petroperú.

López García se refirió también al programa social Juntos, a cargo del Gobierno central. La lideresa manifestó que de manera injustificada los encargados recortan sus beneficios dos o tres meses, beneficio que consiste en la entrega de incentivos monetarios a hogares en condición de pobreza prioritariamente de las zonas rurales. Escuchemos.

Caso Espinar ante la CIDH

El 8 de abril, Melchora Surco, del pueblo indígena Kana, de la provincia cusqueña de Espinar, se presentó en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington.

Asistió en representación de las víctimas de exposición a metales tóxicos de dicha provincia.

Una de las personas que conoce más de esta situación es Jaime Borda, comunicador y miembro de la asociación civil Derechos Humanos Sin Fronteras.

La presencia de Melchora en la CIDH fue posible gracias al trabajo de todo un equipo del cual Borda es parte junto a miembros de otras organizaciones defensoras de derechos.  Repasemos junto a él cómo surge el caso.

Las protestas por la contaminación se hacen más fuertes el año 2012. Las comunidades afectadas se ubican en la zona de influencia de la empresa minera, en ese entonces, Glencore Xstrata.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), hace un estudio los años 2012, 2013 determinando el nivel del daño a la población, pero sin dar explicaciones sobre el origen de la contaminación. Escuchemos qué más nos dijo el comunicador cusqueño.

En otro momento, Borda profundizo en el estudio realizado por el Censopas, el cual demostró presencia de metales como cadmio y arsénico en el organismo de varios pobladores.

Compromisos del acta del 10 de marzo

El 1 de marzo, Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), de Loreto, se reunió con un representante del Ministerio de Vivienda en Lima para tratar el tema de las plantas de tratamiento de agua pendientes de instalación en sus comunidades.

La cita se dio ante el pedido de Chino y de dirigentes de otras zonas que acusan al Gobierno de no cumplir con lo pactado en un acta que se firmó el 10 de marzo del año pasado.

Aquel documento tenía como propósito atender las demandas prioritarias de las comunidades que sufren las consecuencias de más de 40 años de actividad petrolera. Escuchemos.

El dirigente quechua se reunió también con un representante del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), ente rector en materia de titulación de tierras. Según Chino, peligra el fondo de tres millones y medio de soles asignados para este fin.

A un año de la firma del acta del 10 de marzo, Aurelio Chino pidió al Gobierno que figure en documentos en qué temas se ha avanzado y cuánto aún queda por cumplir, de modo que el siguiente gobierno asuma responsabilidades.

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