
Servindi, 23 de agosto, 2020.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Janeth Apari y Renzo Anselmo
Mundo Indígena al 23 de agosto de 2020
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El grave problema de la corrupción. La corrupción es el principal problema en el Perú según encuesta del Barómetro de las Américas.
Mientas en 2006 apenas un 7 por ciento declaraba a la corrupción como problema esta vez el 36 por ciento de los peruanos entrevistados lo consideran como tal.
El estudio también reveló un apoyo cada vez menor a la democracia como sistema y bajos niveles de confianza a instituciones como el Congreso de la República.
BCP al banquillo de acusados. El Banco de Crédito del Perú cometió infracciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero y registro de operaciones bancarias.
Las infracciones ocurrieron en las campañas presidenciales de 2011 y 2016, indicó la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores de Fondos de Pensiones.
Una nota de Servindi repasa el turbio accionar de este banco perteneciente al Grupo Romero que negoció favores con Vladimiro Montesinos y le facilitó una avioneta para su primera fuga del país.
Vigilar acuerdos climáticos. Edwin Montenegro Dávila, dirigente de la organización indígena Aidesep, aseguró que vigilarán la implementación de los acuerdos climáticos logrados en el último proceso de consulta previa.
En proceso de recuperación en su salud, Montenegro dijo que los acuerdos obtenidos en el marco del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático deben ser cumplidos por el Estado peruano.
Uno de los procesos en curso es la instalación e institucionalización de la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático, que se debe anunciar mediante una resolución ministerial.
Tráfico de madera continúa en plena pandemia. Los operadores del tráfico ilegal de madera continúan con su trabajo depredador en plena pandemia, según revela un reportaje de Mongabay Latam.
Entre mayo y junio, las autoridades peruanas intervinieron al menos a cuatro camiones que transportaban madera con documentos falsificados.
Sumado a esto, las fiscalías ambientales de tres regiones investigan a funcionarios forestales de Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanquean madera ilegal.
Exclusión injustificada. El Estado no debe excluir a los pueblos indígenas de la Costa ni de los Andes en la Comisión multisectorial que sigue las acciones en la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Así lo demanda la Confederación Nacional Agraria (CNA) que alerta que el Estado invisibiliza las necesidades que enfrentan los pueblos originarios de Costa y Andes durante la crisis sanitaria.
A más de dos meses de creación, la Comisión Multisectorial creada el 17 de junio solo ha orientado su atención en la población indígena de la Amazonía peruana, excluyendo a las comunidades indígenas de otras regiones.
Ante el olvido, el gremio pide al presidente Vizcarra que la comisión multisectorial amplíe de inmediato su área de intervención y se asigne un presupuesto para todos los pueblos indígenas sin exclusión.
Ley modificada de áreas protegidas viola derechos indígenas. El Estado peruano no está acostumbrado a cumplir con los tratados internacionales que respaldan los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo denuncia Isidro Sangama, presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) ante la modificación de la Ley 26834 de Áreas Naturales Protegidas.
Tal cambio permite que la administración de las áreas naturales protegidas y de conservación regional se realicen mediante empresas privadas, lo que afecta a las comunidades nativas y dificulta el proceso de titulación.
Selva central demanda acciones contra pandemia. Una serie de demandas urgentes para la pandemia del COVID-19 fue presentada por la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) y CONAP.
Entre otros pedidos solicitan la implementación adicional de 15 equipos de respuesta rápida en 7 provincias para la búsqueda de casos sospechosos de COVID-19.
Asimismo, pide que se reconozcan, con partida presupuestal, a los agentes comunitarios como actores claves para la atención de primer nivel donde no haya establecimientos de salud.
Comunidad afronta despojo de agua ancestral. La comunidad campesina de Maure, en Tacna, es afectada por trasvases de agua a través de servidumbres forzosas, licencias de agua e infraestructura hídrica.
Dichas obras hidráulicas o trasvases generan impactos ambientales que dañan a la comunidad campesina que depende del pastoreo de camélidos.
Los trasvases vulneran el derecho ancestral al agua de la comunidad y ocurren sin que las autoridades cumplan con la consulta previa y obtengan el consentimiento de los actos administrativos.
Terminamos nuestro resumen semanal compartiendo una buena noticia: Condorcanqui tendrá su planta de oxígeno.
La campaña impulsada por la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima” de Santa María de Nieva para construir una planta de oxígeno en Condorcanqui resultó exitosa.
La campaña solidaria iniciada a principios de julio recaudó más de 400 mil soles que permitirá construir una planta de oxígeno hospitalaria con capacidad para abastecer a 30 camas.
Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a todas las notas más desarrolladas los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org.
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