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Privilegios y malos antecedentes del consorcio a cargo de la Hidrovía

Consorcio Cohidro,a cargo de la hidrovía, está integrado por las empresas CASA y Sinohydro. Composición: Servindi

Visitas privilegiadas durante el proceso de licitación de la obra, vínculos con actos de corrupción, antecedentes de incumplimientos contractuales y un paquete de beneficios tributarios envuelven al consorcio Cohidro que, en junio de 2017, se hizo con la buena pro del megaproyecto con mayores impactos para los ríos de la Amazonía peruana.

Servindi, 29 de octubre, 2020.- El consorcio Cohidro, responsable del cuestionado megaproyecto Hidrovía Amazónica, registra un historial plagado de privilegios y malos antecedentes.

Los representantes de las empresas de este consorcio, no solo visitaron las oficinas de entidades del Estado en fechas claves del proceso de licitación de la obra, sino que también lograron adjudicarse beneficios tributarios que muy pocas empresas poseen.

Por si fuera poco, la empresa peruana CASA S.A y la estatal china Sinohydro, que conforman el consorcio, están vinculadas con actos de corrupción e irregularidades en la ejecución de diversas obras, respectivamente.

Pese a todo y, aunque el consorcio no pudo levantar las más de 500 observaciones que recibió el Estudio de Impacto Ambiental de proyecto, el Estado peruano se aferra y no muestra interés en romper el contrato de concesión con Cohidro.

Visitas privilegiadas

Si de reuniones y privilegios se trata, nadie más que el consorcio Cohidro, integrado por las empresas Construcción y Administración S.A. (CASA) y Sinohydro Corporation, para ilustrar el tema.

En diciembre del 2019, Convoca.pe reveló que los representantes de este consorcio, tuvieron acceso privilegiado a las oficinas de entidades del Estado en fechas claves del proceso de licitación de la Hidrovía Amazónica.

Dos años atrás, en julio de 2017, este consorcio había sido anunciado, precisamente, como el ganador del millonario proceso de licitación de la obra que supuestamente busca "mejorar la navegación en los ríos de la Amazonía".

El proyecto, no obstante, es cuestionado por carecer de estudios sólidos que midan los impactos ambientales y sociales que esta obra podría generar en los ecosistemas de los ríos y las comunidades indígenas aledañas.

Según el informe de Convoca.pe, los directivos de Cohidro, visitaron a altos funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) decenas de veces entre el 2016 y 2017.

Luis Carrasco Palomo y Jaime Sánchez Bernal, ambos directos de CASA, visitaron entidades del Estado mientras eran investigados por el caso de corrupción "Club de la Construcción". Foto: Convoca.pe

El MTC era la entidad que debía dar una opinión en la evaluación de los sobres presentados por los postores, en días decisivos del proceso de licitación.

En paralelo, los directivos de Cohidro también visitaron las oficinas de la agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), entidad encargada de adjudicar la buena pro del proyecto.

Lo llamativo de estas revelaciones, fue que, de todos los representantes de Cohidro que visitaron estas entidades, por lo menos dos eran personas que estaban siendo investigadas por el caso de corrupción “Club de la Construcción”.

La Fiscalía, según el reportaje, investigaba la relación de Jaime Sánchez Bernal y Luis Carrasco Palomo, ambos directivos de CASA, con el cártel de constructoras que pagaba sobornos a funcionarios del Estado a cambio de la adjudicación obras.

La noticia de la existencia de este cártel, que operaba repartiéndose convenientemente las obras, se dio el 7 de julio del 2017, un día después de que Cohidro obtuviera la buena pro para la ejecución del proyecto.

De todos los representantes de Cohidro que visitaron entidades del Estado, por lo menos dos eran personas que estaban siendo investigadas por el caso de corrupción “Club de la Construcción”.

Pese a esto, las reuniones entre los funcionarios del Estado y los representantes de Cohidro —incluyendo a los directivos de CASA— continuaron.

Curiosamente, las otras empresas que también participaron del proceso de licitación de la Hidrovía Amazónica, como la belga Jan de Nul y la china Communications Corporation Company, no registraron ninguna visita al MTC durante el proceso.

Malos antecedentes

Fuera de Perú, también existen otras acusaciones de corrupción que persiguen a quienes integran el consorcio Cohidro.

Convoca.pe reveló en su informe que, a Hidalgo e Hidalgo (HeH), empresa matriz de CASA en Ecuador, la investigan en este país por pagos de sobornos confesados por su socia Odebrecht en la Fase 2 del proyecto de riego Carrizal-Chone.

Mientras que, en Panamá, HeH se vio implicada en un escándalo de corrupción que acabó con la encarcelación del exvicepresidente de ese país, Felipe Alejandro Virzi.

La compañía fue acusada de pagar más de 10 millones de dólares en coimas a Virzi, luego de ser beneficiada con un millonario proyecto de riego en el Valle de Tonosí, que tuvo un valor de 155 millones de dólares.

Por su parte, Cai Runguo, personaje ligado a la empresa china Sinohydro, fue implicado en el caso Arroz Verde, en el que se investigan pagos para el partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en las elecciones del año 2014.

Contraloría General de Ecuador halló una serie de irregularidades en obras a cargo de la compañía china Sinohydro durante seis años. Foto: Agencia Andes

La relación de Sinohydro en Ecuador, sin embargo, va más allá y no es de las mejores.

Tal como revelamos en Servindi en 2019, un informe de la Contraloría de ese país documentó una serie de irregularidades cometidas en obras a cargo de esta compañía entre julio de 2012 y mayo de 2018.

El documento fue el resultado de una auditoría hecha por la entidad supervisora al contrato suscrito el 2 de julio de 2014 entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) de Ecuador y Sinohydro, para la ejecución y terminación de 10 proyectos.

La Controlaría de Ecuador halló al menos 13 casos de irregularidades que van desde el incumplimiento en algunas cláusulas del contrato, hasta las fallas en la construcción de obras a cargo de la empresa.

Por ejemplo, a pesar de que Sinohydro solo podía subcontratar determinados trabajos por un monto no mayor al 30% del valor total del contrato, la empresa china transfirió ejecuciones por un monto superior al 60%.

A partir de estos subcontratos, la Controlaría pudo identificar que, para ejecutar los 10 proyectos, la empresa solo requería de 237 millones de dólares, y no de los más de 367 millones de dólares que pidió, según el contrato.

La Contraloría de Ecuador documentó una serie de irregularidades cometidas en obras a cargo de Sinohydro entre julio del 2012 y mayo del 2018.

Otras de las irregularidades halladas están relacionadas con la falta de especificaciones técnicas en la construcción de algunas obras y la imposición de multas contra Sinohydro que, hasta el cierre del informe de la Contraloría, no habían sido cobradas.

Las multas sin cobrar a Sinohydro ascendieron a más de 9.5 millones de dólares.

Entre las causas que motivaron las multas figuran el incumplimiento al cronograma de trabajos al no iniciar las obras en la fecha prevista, la no colocación de vallas de identificación del proyecto y la no presentación de planillas.

El informe de la Controlaría advirtió, además, que una funcionaria que impuso una de las multas en setiembre del 2014, fue removida de su cargo ese mismo mes.

Privilegios tributarios

A pesar de estos antecedentes y conocido ya el caso de corrupción “Club de la Construcción”, el consorcio Cohidro no tuvo mayores problemas para que el Estado peruano le adjudicara beneficios tributarios que muy pocas empresas poseen.

Otro informe de Convoca.pe reveló que de los 22 convenios de estabilidad jurídica que se otorgaron en 2017, tres fueron para el megaproyecto Hidrovía Amazónica, a cargo de las empresas CASA y Sinohydro.

Según la investigación, el consorcio solicitó en agosto de 2017, un mes después de ganar la licitación del proyecto, la suscripción de un Convenio de Estabilidad Jurídica a Proinversión, el cual fue aprobado al mes siguiente.

Consorcio Cohidro, a cargo de la Hidrovía Amazónica, accedió a beneficios tributarios pese a estar relacionada con actos de corrupción. Foto: Convoca.pe

Gracias a este beneficio, las socias podrían acceder a una tasa fija de impuesto a la renta en las próximas dos décadas, periodo en el que fue concesionada la Hidrovía Amazónica a Cohidro.

Estos convenios llamados también contratos-ley, obligan al Estado peruano a respetar y congelar un régimen tributario favorable para las empresas, mientras dure la adjudicación.

Pero, además, incluye otra serie de beneficios.

Por ejemplo, le otorga a CASA el derecho a utilizar el tipo de cambio que más le convenga, a vender sus acciones en el consorcio a otro inversionista y así, ceder su posición contractual en el proyecto Hidrovía Amazónica.

Además, establece que la tasa al impuesto por los dividendos u otra forma de distribución de utilidades que deben ser abonados a CASA, se mantendrán durante los 20 años de concesión en 5%, lo que le garantiza una mayor acumulación de ganancias.

El convenio firmado con Sinohydro es similar: precisan que el impuesto a la renta que le corresponda abonar a la compañía no será modificado.

Y, en el caso de que aumentara la tasa del impuesto, se precisa que el monto será ajustado por el Estado a fin de “asegurar que la utilidad o dividendos finalmente disponibles o distribuibles sean iguales a los garantizados”.

Para la suscripción de los convenios, en representación de Sinohydro firmó Qiguang Gao; y por CASA lo hizo Jaime Sánchez Bernal, gerente general de la compañía e investigado por corrupción en el caso “Club de la Construcción”.

Gracias a los convenios, las socias podrían acceder a una tasa fija de impuesto a la renta en las próximas dos décadas, periodo en el que fue concesionada la Hidrovía Amazónica a Cohidro.

Convoca.pe apunta que, a pesar de que estos convenios surgieron para brindar confianza a las inversiones en décadas anteriores, aún sirven en la actualidad para brindar beneficios bajo el argumento de la “promoción de la inversión privada”.

Y lo que es peor aún, estos contratos-ley también generarían costos administrativos para el Estado.

Además de los beneficios brindados por los convenios, al portal de investigación le llamó la atención por qué estos se llegaron a firmar, si dos meses antes —en julio del 2017— ya se conocía públicamente la existencia del “Club de la Construcción”, el cartel de empresas corruptas que también integraba CASA.

En diciembre del 2019, dos meses después de que el Estudio de Impacto Ambiental de la Hidrovía Amazónica recibiera más de 500 observaciones como parte de la evaluación del proyecto, el consorcio decidió desistir del proceso.

El consorcio tenía plazo hasta el 8 de enero de 2020 para subsanar las observaciones del estudio; sin embargo, pidió que se detenga el proceso a falta de los estudios toxicológicos que debía realizar el MTC como parte del proceso, según justificaron.

Para algunos especialistas, detrás de la decisión de Cohidro, estaba su incapacidad para levantar todas las observaciones que le habían hecho al estudio de impacto ambiental del proyecto.

A pesar de todo, el Estado peruano aún prefiere mirar para otro lado si de cuestionamientos al consorcio Cohidro, se trata. El contrato de concesión por 20 años sigue vigente y desde Palacio de Gobierno, no parecen interesados en resolverlo.

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