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Bonfil Batalla: Cuarto Tribunal Russell

Participantes en el IV Tribunal Russell. Fuente de la imagen: Facebook de Tribute: Fourth Russell Tribunal

Con motivo del tributo que se realizará al Cuarto Tribunal Russell realizado en 1980 reproducimos un artículo del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla escrito en abril de 1981 que recrea el ambiente y explora las implicancias del evento internacional que reunión a connotadas figuras de las ciencias sociales latinoamericanas y marcó un hito pionero para visibilizar a los pueblos indígenas y que fue publicado por la revista Nexos.

Guillermo Bonfil Batalla murió el 19 de julio de 1991, a los 56 años de edad, en un accidente automovilístico. Foto: Especial

Cuarto Tribunal Russell

La llegada

El pequeño mostrador de las Líneas Aéreas Reales de Jordania, en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, comienza a poblarse con una clientela inusitada. Una pareja de ancianos dirigentes espirituales hopi, ambos de estatura baja, espera su turno; de otros pueblos de los Estados Unidos y Canadá llegan poco a poco representantes ataviados con sus insignias tradicionales. Un enviado holandés procura contestar las preguntas del joven campa que recién llega acompañado por otros peruanos. Una periodista y algunos testigos del Brasil aguardan también, con rostros que reflejan el cansancio de su viaje desde remotos parajes de la selva amazónica. Hay un abigarrado mosaico de rostros morenos y cobrizos, equipajes improvisados, cobijas e indumentarias inusuales en los vuelos trasatlánticos. El resto de los pasajeros son norteamericanos de edad más que madura: predominan señoras de aire respetable que miran con curiosidad y cierta benevolencia a sus inesperados compañeros de viaje. Para sorpresa nuestra, ninguno de ellos desembarca en Amsterdam y siguen el vuelo hacia Ammán, capital del reino Hachemita de Jordania. No tienen trazas de ser turistas. ¿Serán también una minoría, tal vez musulmanes anglos en peregrinación a La Meca?

Por los interminables corredores del aeropuerto de Amsterdam los camarógrafos asedian a la comitiva. Finalmente llegaron los indios. Al pasar migración hay algunos problemas porque muchos no llevan visa; los jóvenes de Proyecto Indígena se las arreglan para convencer a las autoridades y todo mundo pasa sin revisión ni formalidades. En autobuses nos conducen a Rotterdam, entre campos cuidadosamente cultivados aun en vísperas del invierno que ya se siente. El viejo país colonialista muestra su riqueza, amasada en parte gracias a la explotación de otros pueblos. Los tiempos cambian; el alcalde de Rotterdam, en la ceremonia de inauguración, hablará con vigor y convicción: “Difícilmente se puede considerar un placer esta ceremonia. Es un escándalo que un tribunal como éste llegue a ser necesario”. Agrega: “La historia muestra que nuestra actitud hacia las minorías étnicas siempre ha sido mala y Holanda no ha sido una excepción, especialmente en Rotterdam, en este preciso momento”. Las barriadas de la ciudad confirman sus palabras: una gran mancha de rostros asiáticos que crece continuamente, pese a las deplorables condiciones de vida que afrontan los inmigrantes en este país rico.

El Cuarto Tribunal Russell sobre los Derechos de los Indígenas de las Américas se celebró en Rotterdam, Holanda, entre el 23 y el 30 de noviembre de 1980. El Comité organizador estuvo integrado por la Fundación Grupo de Trabajo Proyecto Indígena, de Amsterdam, un equipo en el que predomina la gente joven, preocupado por la situación de los pueblos indígenas americanos y empeñado en desarrollar labores de apoyo a la causa india. El Proyecto Indígena se había echado a cuestas la tarea de organizar un tribunal internacional en torno a las violaciones de los derechos indios que ocurren en los países americanos, tal como había sido solicitado durante la Conferencia Internacional de Organismos no Gubernamentales sobre la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas en las Américas, que se llevó a cabo en Ginebra en septiembre de 1977. Ya en marcha la organización, lograron el auspicio de la Fundación Bertrand Russell para la Paz y la idea original se transformó en el Cuarto Tribunal Russell.

El tribunal

Dos integrantes del Proyecto Indígena recorrieron diversos países americanos desde la segunda mitad de 1979 y establecieron contacto con las principales organizaciones indígenas y con un buen número de personas comprometidas con las luchas de los pueblos indios. Lograron así dar a conocer la organización del tribunal, informar directamente sobre las modalidades y requisitos para la presentación de los casos y asegurar la concurrencia de delegaciones variadas: desde misioneros y antropólogos que trabajan con pequeños grupos asediados en la floresta amazónica hasta enviados oficiales de organizaciones consolidadas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, Colombia), el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA, Bolivia) o el Consejo Tribal Hopi (EUA); se alcanzó, sin duda una representación muy significativa de los problemas que hacen frente los pueblos indios y de las maneras en que los encaran, así como de las modalidades de organización que han adoptado para la lucha.

El tribunal, aunque respondía a una iniciativa india, no era un tribunal indio. Esto provocó reacciones diversas. El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas se negó a participar, aunque muchas organizaciones afiliadas a él estuvieron presentes. En los primeros días hubo una denuncia escrita que tachaba a algunos acusadores de venir a presentar los casos con “sus” indios. Sin embargo, el interés de las propias organizaciones indias en que se conociera en un foro internacional la gravedad de la situación por la que atraviesan los pueblos aborígenes del continente, creció en el transcurso de los días y garantizó el respaldo definitivo que dieron al Tribunal.

Los objetivos que se fijaron los organizadores consistían en plantear la cuestión india en un contexto amplio y en gran escala, de manera que se lograse llamar la atención de organizaciones políticas, religiosas y, en general, defensoras de los derechos humanos, hacia estos problemas, con el fin de alcanzar la movilización efectiva de la opinión pública en favor de la causa de los pueblos indios. El tribunal debería responder a la pregunta ¿hasta qué grado se violan los derechos de los pueblos autóctonos de las Américas?

El tribunal debería responder a la pregunta ¿hasta qué grado se violan los derechos de los pueblos autóctonos de las Américas?

El grupo Proyecto Indígena, convertido en comité organizador del Tribunal, creó un comité de casos que recibió y analizó, en primera instancia, todas las acusaciones que fueron presentadas -más de 40. En base a criterios que buscaban asegurar la representatividad, la relevancia y la sólida fundamentación de cada expediente, el comité de casos hizo una selección inicial de los que deberían ser considerados formalmente por el jurado. En su sesión preliminar, los miembros del jurado tuvieron oportunidad de revisar la selección y, si lo juzgaban conveniente, modificarla. La propuesta del comité de casos fue aprobada con mínimas modificaciones. Por una parte, el caso Lakota, que había sido escogido, fue retirado por los propios interesados y se sustituyó con la presentación del caso gauymí de Panamá; además se incluyó el caso de Mangueirinha en razón de la importancia que podría tener el pronunciamiento del Tribunal en el desarrollo inmediato de los acontecimientos en torno a ese problema particular. Con esto, el Cuarto Tribunal Russell juzgó sobre 13 casos concretos, a los que se agregarían consideraciones generales sobre todos los demás casos enviados al comité organizador y sobre las presentaciones verbales que se hicieron durante las sesiones públicas.

Phillip Deere (izquierda) y Archie Fire (derecha). Fuente de la imagen: Facebook del Tribute: Fourth Russell Tribunal

El Tribunal contó con dos grupos consejeros: uno estaba integrado por personas que tenían un conocimiento directo de algunos de los casos presentados y que estaban en condiciones de aportar al jurado informaciones complementarias; el otro era de juristas, versados particularmente en legislación internacional referida a los derechos humanos, pero que también tomaron a su cargo la revisión de las legislaciones nacionales correspondientes para fundamentar jurídicamente los veredictos.

Salvo tres o cuatro profesionales con responsabilidades muy especializadas; todo el personal que intervino en la organización del evento trabajó gratuitamente. Y lo hicieron con entusiasmo. Algunos latinoamericanos residentes en Holanda se ofrecieron como intérpretes para facilitar el contacto con los delegados. Un equipo de estudiantes se responsabilizó de la mecanografía y la reproducción de documentos: se les veía trabajar hasta bien entrada la noche. Otros montaron una pequeña exposición y se encargaron de la venta de carteles, libros y documentos sobre problemas indios. Algunos servían café o atendían el guardarropa. Hasta el equipo de traducción simultánea colaboró voluntariamente. Era reconfortable mirar esas pruebas concretas de solidaridad e interés en el tema del Tribunal.

Las sesiones del Tribunal tuvieron lugar en De Doelen, un edificio grande y feo en el centro de la ciudad, que cuenta con salas de concierto, auditorios, locales para exposiciones y otros servicios para actividades culturales. Al Tribunal se le asignó un salón con cupo para más de 400 personas, con casetas para interpretación simultánea en varias lenguas. Esta es la relación de algunos casos.

El engaño

En 1905, cuando se firmó el Tratado James Bay, los nishnawbe-aski de la provincia de Ontario no conocían la lengua inglesa. El documento que se les obligó a firmar como “tratado de paz y buena voluntad” incluía, sin que lo supieran, la entrega irrevocable de sus derechos territoriales. El tratado no tiene validez, afirman, porque faltó el consentimiento del pueblo nishnawbe-aski. Entre los documentos que presentan hay uno que lleva el membrete del Movimiento Popular para la Liberación del Río Albany cuya bandera, impresa en una esquina de la hoja, tiene al centro un círculo amarillo en el que se inscribe una estrella roja; el campo, en rojo también, está limitado arriba y abajo por franjas negras.

Fuerza (eléctrica) y abuso

A la Bahía James, al sureste de la Bahía Hudson, convergen varios ríos caudalosos que el gobierno canadiense ha decidido represar para generar energía eléctrica. Esa región es tierra de indios, amparada con títulos y derechos de propiedad a los que nunca han estado dispuestos a renunciar. El gobierno negoció con los inuit, los cris y los naskapis y logró que cedieran tierras a cambio de supuestos beneficios. Luego, sin más, el Parlamento de Canadá anuló todos los títulos y derechos de propiedad raíz, incluyendo los dos de los attikameks, los montañeses y los algonquinos “que no habían aceptado negociar” y que desde entonces (1977) protestan contra esa decisión unilateral que pone en peligro su existencia como pueblos.

En el futuro los problemas pueden agravarse, porque Canadá prepara una nueva constitución. Muchos pueblos indios se amparan en tratados antiguos, firmados con la corona inglesa, y temen que la nueva constitución, en cuya discusión no les han permitido participar, desconozca unilateralmente esos tratados.

A ley burlada, gobierno cómplice

Los mohawk forman una de las seis naciones de la Confederación soberana de Haudenosaunee, más conocida como Confederación Iroquesa. El Estado de Nueva York, con el apoyo del gobierno norteamericano, reclama derechos sobre la mayor parte del territorio mohawk basándose en un tratado fraudulento (porque no lo firmaron representantes autorizados de la mohawk) de 1797. Ante la resistencia de la nación mohawk, el propio gobierno estatal inventó un Consejo tribal de St. Regis para suplantar al consejo tribal tradicional y legítimo; el consejo espúreo no ha logrado la aceptación del pueblo porque viola en muchas formas el derecho y la tradición mohawk y porque se sabe su disposición a entregar las tierras. Hoy pesa sobre la nación mohawk no sólo el riesgo de perder su territorio sino también la represión violenta por “rebelarse” contra el gobierno impuesto.

El Consejo Tribal Hopi

Una anciana dice, en el video que exhiben después de la presentación de su caso: “Arizona es rica, pero esta tierra es un desierto y hay que saber cómo usarla, que es volviendo a la naturaleza”. La tierra seca de los hopi. También aquí están en peligro y acusan al gobierno norteamericano y al Consejo tribal hopi. Este fue impuesto después de un referéndum en el que escasamente votó el 10 % de los que podían hacerlo: los hopi rechazan la votación como forma de expresar su voluntad (“el voto perpetúa la división”, dice uno de los testigos). Si el 90 % no votó, pensaban, eso debió entenderse como lo que es: el rechazo masivo a la iniciativa de cambiar la forma tradicional de gobierno. Pero el gobierno norteamericano y su Oficina de Asuntos Indígenas prefieren entenderlo de otra manera y negocian con el Consejo jugosos contratos para explotar los recursos de la zona. Los kikmongwi, los ancianos dirigentes espirituales del pueblo hopi, han sido desconocidos, pese a que son las autoridades legítimas de acuerdo con la constitución hopi. Todo está en cuestión: ¿quién es hopi? Para el gobierno norteamericano se es hopi en función de un porcentaje comprobado de “sangre” hopi; así, hay un amplio margen para encontrar candidatos al Consejo que en verdad no forma parte de la comunidad hopi. “Nosotros –dice el anciano kikmongwi ante el Tribunal–, los hopi somos los guardianes de la vida en el mundo; por eso no podemos perder, porque perderíamos todos”.

La educación hopi está seriamente amenazada por la penetración de diversas sectas religiosas cristianas. Se cambian los valores, la gente se vuelve dependiente del dinero. “El Consejo tribal dice que ustedes, los llamados tradicionalistas, rechazan todo progreso, ¿es cierto?”. El viejo kikmongwi responde: “El hombre está dividido; el lado izquierdo sabe, vive en comunión con la naturaleza; el lado derecho no sabe, pero es hábil. Si sólo inventa el lado derecho, su invento será nocivo: un invento para solucionar un problema genera otros problemas y demanda entonces nuevos inventos que producen nuevos problemas. Sólo el sabio-hábil, la unión de lo izquierdo con lo derecho, producirá el invento útil”.

Los carbones que escrituró el diablo

Junto a los hopi han vivido los diné (navajo) de Big Mountain. Tras un largo rosario de trampas jurídicas, violaciones de tratados e imposición de consejos tribales “progresistas”, la antigua reserva de uso común para ambos pueblos quedó formalmente dividida. Pero del lado hopi quedaron 6 mil diné, en tanto que del lado diné quedaron unas 70 familias hopi. El conflicto no es entre los respectivos consejos tribales respaldados por la Oficina de Asuntos Indígenas. El grupo minoritario que apoya al Consejo tribal diné se dedica a la ganadería y ha ido ocupando una cantidad cada vez mayor de las tierras que antes se destinaban a la agricultura, una agricultura tradicional que permitía cultivar con buenos rendimientos aun las laderas empinadas de esta árida región. No es, sin embargo, un mero conflicto interno entre progresistas y tradicionalistas. Hay pruebas de que existe un rico carbonífero de la mejor calidad que se puede explotar fácilmente -si se cuenta, claro está, con la eliminación de toda resistencia organizada- por parte de los diné. Ni la destrucción de los sitios sagrados ni el rompimiento del precario equilibrio ecológico significarían mayores obstáculos. En caso de duda, preguntar a la Peabody Coal Company.

Bajo el amparo de los cohetes

Los shoshone occidentales viven en Nevada. En 1863, mediante el Tratado de Ruby Valley, que continúa vigente, se les reconoció un territorio de aproximadamente 24 millones de acres. Hoy mantienen en su poder 18 millones que están en peligro de perder. El resto pasó a otras manos aprovechando los resquicios del propio tratado, que preveía casos de derecho de paso y asentamiento. Lo nuevo es peor, y partes de la historia suenan conocidas: un abogado logra la representación de comités que, a su vez, no representan al pueblo shoshone, e inicia un juicio para obtener una compensación monetaria; a los shoshone renuentes les dice que se trata de cobrar por las tierras que perdieron desde la firma del tratado, pero la demanda comprende todas. las tierras shoshone, que se presentan como ya perdidas. Negocio redondo, porque el abogado cobrará un porcentaje de lo que se obtenga. Hay razones de peso para que los círculos gubernamentales de Estados Unidos se inclinen a favor de la expropiación final, por cualquier vía, del territorio shoshone. Ahí se piensa establecer una red de plataformas para lanzamiento de cohetes MX: 200 cohetes con 10 cabezas nucleares cada uno. Si el proyecto se lleva a cabo, se calcula que más de 100 mil obreros invadirán las tierras shoshone.

Militares, petróleo y terror

En Guatemala la violencia del poder alcanza grados alucinantes. ¿Genocidio? La palabra suena insuficiente para abarcar el horror. Muchos cuerpos han sido torturados, muertos, despedazados en Guatemala, cuerpos de quichés e ixiles que se atreven a defender sus más elementales derechos, atropellados brutalmente con el pretexto del proyecto de la Franja Transversal del Norte, donde operan compañías como la Hispanoil, al Texaco, la Emibal, la Petromaya y la Getty Oil.

El miércoles 26 de noviembre de 1980, antes de las 9 de la mañana el pequeño vestíbulo que da acceso a la sala de sesiones está colmado de público que espera impaciente. A diferencia de los otros días, la puerta está cerrada. Se pueden distinguir rostros ya conocidos de quienes asisten regularmente a las sesiones del Tribunal; rostros indios, morenos, mezclados con las caras de tez pálida de los europeos. Veinte minutos después de la hora indicada se abre la puerta. Al centro de la primera mesa del jurado, en el sitio destinado a Mario Juruna, presidente del Cuarto Tribunal Russell, que en las sesiones anteriores ha permanecido simbólicamente vacío, están sentados Pedro y Juana, menudos, encorvados, con pañoletas que les cubren la cabeza y la mitad del rostro y sólo dejan ver sus ojos profundamente negros y vivaces. Por razones de seguridad Juana y Pedro hablarán sentados y no desde la pequeña tribuna lateral que usan todos los oradores. Se han prohibido las fotografías. Al final de la sesión, también contra la costumbre, la sala deberá quedar totalmente vacía para permitir que los dos testigos del caso Guatemala se cambien de ropa y abandonen discretamente el local. Todas estas medidas aumentan la expectación y dramatizan el ambiente. Pero el relato, hecho en voz baja, pareja, sin énfasis, con un ritmo monótono y pausado, hace olvidar muy pronto lo inusitado del escenario. La matanza de Panzós, el asalto a la embajada de España, el asesinato del testigo sobreviviente y las amenazas al embajador, obligado a guardar silencio, el baleo indiscriminado (el ejército ametralla las iglesias por que cree “que hasta los mismos santos están participando con los indios”), el horror cotidiano del genocidio contra el pueblo de Guatemala, pueblo indio en su inmensa mayoría. Pedro y Juana, a nombre del Comité de Unidad Campesina, van hilando denuncias y demandas: quieren respeto a la tierra comunal, como era antes; defienden su cultura, su lengua, su vestido tradicional, no como rasgos folclóricos para deleite de turistas, sino como armas y símbolos de la lucha por una sociedad con paz, justicia e igualdad, en la que se tenga derecho a la libre expresión y a “dos horas de sueño en casa”. “Queremos quitar a Lucas, recuperar nuestras tierras y construir un nuevo país. Este es el único camino que nos queda”. Un camino sembrado de muertos. Un escándalo inadmisible.

El interés nacional enseña el cobre

La Texas Gulf y la Corporación de Desarrollo Minero recibieron en 1975 la concesión del gobierno de Panamá para explotar los enormes yacimientos de cobre de Cerro Colorado. Los guaymíes perderán 740 kilómetros cuadrados, porque además de la explotación minera se construirá un complejo hidroeléctrico en su propio territorio ancestral. Por si esto fuera poco, se destinarán 25 mil hectáreas de tierras guaymíes para establecer un bosque de protección, dada la agresión ecológica que supone la forma en que se extraerá el cobre de Cerro Colorado. Son 60 mil guaymíes que viven, básicamente, de una agricultura tradicional de roza y quema. El despojo de sus tierras pone en grave riesgo la supervivencia del mayor grupo indígena de Panamá. Por supuesto, no han sido consultados sobre su propio destino, ni se han imaginado que tengan derecho alguno a una participación prioritaria en el producto económico de las nuevas empresas. Estas son de interés nacional.

El turismo con olor a azufre, mata

En los últimos 10 años, 45 dirigentes y militantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) han sido asesinados. No se ha hallado a los culpables y los pocos detenidos lo han sido sólo por algunas horas. Los diversos pueblos indios de la región defienden sus tierras, garantizadas desde la época colonial bajo la forma de resguardos. El CRIC encabeza la defensa y la lucha por la recuperación de las tierras perdidas (el obispo de Popayán posee 465 hectáreas). Esté es, sin duda, uno de los movimientos indios mejor organizados y más activos en América Latina, con gran capacidad de acción regional y con peso dentro de la vida política; por eso enfrenta constantemente todas las formas de la represión, desde el asesinato hasta el secuestro, la violación de domicilios y el incendio de los cultivos. El día de la Candelaria de 1977 fue asesinado Justiniano Lame, vecino de Puracé, por dos policías que lo hirieron y después lo obligaron a caminar 5 kilómetros, desangrándose. Lame participaba en la lucha por la defensa de las tierras de su resguardo.

Dos amenazas penden sobre el resguardo de Puracé: la declaración, por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, de un parque de 3,500 hectáreas y el funcionamiento de Industrias Puracé que ocupa otras 600 para la explotación de azufre. El parque fue destinado al turismo y se prohibió a los vecinos su uso en las modestas formas de aprovechamiento económico que practicaban tradicionalmente. Hay tierras vecinas para restituir las pérdidas por el resguardo, pero el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria nada ha hecho en ese sentido. Industrias Puracé, por su parte, pagó 100 dólares anuales como renta al resguardo; a cambio de ello, esterilizó más de mil hectáreas circundantes, y desconoció convenios con trabajadores, contaminó el ambiente y despidió a los inconformes. El CRIC encauza la lucha y sigue adelante, pese a que el gobierno colombiano lo acusa formalmente de ser una organización subversiva.

Tierra comunal y "revolución" desde arriba

“Queremos mantener la forma comunal para evitar el acaparamiento de la tierra y los productos”, concluyó el testigo que presentó el caso de San Juan de Ondores. Desde antiguo reclaman 14,500 hectáreas que llegaron a poder de la Cerro de Pasco Corporation. En 68, con la reforma agraria, el predio fue expropiado; la comunidad ganó el juicio en 1970 y logró la devolución de sus tierras. Ires y venires, burocracia, intereses. El gobierno tiene otro proyecto: ha decidido impulsar la SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) como la forma de organización del campo peruano. En consecuencia, la tierra se adjudica a la SAIS Tupac Amaru. Siguen demandas y trámites hasta el 79, cuando la comunidad obtiene el fallo favorable del máximo tribunal agrario. Inútil: el fallo se revoca a poco. ¿Por qué no quieren la SAIS, de la que serían socios, los comuneros de San Juan de Ondores? Esta es una empresa donde manda el gerente, nombrado por el gobierno, no los socios. “Queremos mantener nuestra forma comunal. Aunque les cueste la vida, como sucedió con Gelacio Osorio y Claudio Castillo durante el desalojo de 1979, perpetrado por la SAIS y los guardias civiles, ni siquiera se ha abierto proceso.

La Ley de la Selva

Los pueblos indios de la selva peruana tienen reconocimiento jurídico bajo la forma de “comunidades nativas”. Es el caso de los campa: 50 mil indios que ocupan un amplio territorio en el que subsisten mediante una explotación no depredatoria de la floresta. Cada día hay mayor presión sobre su territorio ancestral. Por una parte, bajan en número creciente los quechuas de la Sierra, expulsados por la falta de tierra y el deterioro de sus condiciones de vida. Se producen conflictos cada vez más graves por la ausencia de una política adecuada que asegure la reubicación de los serranos sin atentar contra los indios de la selva. Los nombres engañan a veces: las invasiones en tierra campa se organizan bajo la forma de “cooperativas” de colonos. La Sociedad Agro Industrial “Selva de Oro” (íy cómo no!) solicita 160 mil hectáreas ocupadas por la Comunidad Nativa de Quempiri. La Cooperativa de Satipo, inconforme con que le hayan negado las 500 mil hectáreas que solicitó en territorio campa, se apodera de ellas por la fuerza. El Ministerio de Agricultura y Alimentación ha firmado contratos con empresas privadas para explotar la madera de más de un millón de hectáreas de los campa. Y viene más: un plan vial y un proyecto hidroeléctrico. La ley de la selva, selva virgen puesto que sólo tiene indios, aplicada sistemáticamente contra ellos.

Domitila

Durante toda la semana Domitila usaba los breves lapsos que dejaban libres las tareas del tribunal para buscar contacto con los bolivianos. Había alrededor de veinte, procedentes de diversos países europeos (viejos asilados o nuevos residentes) y del Perú, recientemente expulsados de su patria. Pertenecían a diversas organizaciones, corrientes políticas y partidos: desde Mitka I hasta la Confederación Obrera de Bolivia. La gente de Mitka había intervenido la noche del miércoles, en el tiempo oficialmente destinado a la presentación de la situación en Bolivia. Pedro Portugal, Nolasco Mamani y Alejandro Coronel, a nombre del Movimiento Indio Tupaj Katari, habían hecho una estupenda exposición en la que, entre otros argumentos, señalaron el carácter ficticio del Estado boliviano: la única verdad, hoy, es el pueblo indio. En Occidente, dijeron, el tiempo se divide en antes y después de Cristo; acá, en el otro lado del océano, debemos contar antes y después de Colón. Desde aquella fecha (el 12 de octubre debe ser día de luto, no “día de la raza”, según lo han pedido los movimientos indios en varias ocasiones), los indios han sufrido los mil rostros de la opresión y han sido usados como carne de cañón en luchas que no son la suya; son contradicciones del mundo dominante, de la sociedad colonizadora, que no expresan ni reflejan los verdaderos problemas del indio. “¿Sabían ustedes que…?”, iniciaba su discurso uno de los kataristas, y seguía una larga enumeración de situaciones de discriminación y explotación que sonaban, efectivamente, increíbles a oídos de los buenos -y olvidadizos- europeos. Pero Domitila sabía que en aquel discurso, que compartía, faltaba sin embargo la denuncia de los acontecimientos inmediatos, del último en la larga serie de golpes de estado, sangriento y brutal en mayor grado que otros. Esa denuncia era imprescindible y Domitila, la fogueada organizadora de las mujeres de los mineros, de las compañeras, coma siempre dijo, lo sabía bien.

El golpe la sorprendió fuera de su tierra, en Europa; durante estos meses no ha podido pensar siquiera en volver a Bolivia. Sus hijos quedaron al cuidado de una hermana suya, recientemente fallecida en circunstancias todavía oscuras. Ella siente como una culpa estar a salvo y no compartir el dolor y la angustia de los suyos en su propia tierra. Aquí, en el tribunal, sabe y acepta que su papel es el de jurado; no puede ser testigo, ni tomar partido, ni hablar públicamente a nombre de su pueblo. El sábado, según lo había anunciado, debería ausentarse para participar en otra conferencia europea donde su voz era esperada; pero ese día se abrió un tiempo adicional para una segunda presentación del caso boliviano y Domitila decidió quedarse. Pese al ritmo agobiador del tribunal, cuyas tareas regulares concluían, cuando muy temprano, al filo de las 2 de la mañana, Domitila siempre encontró tiempo para reunirse con unos u otros de los bolivianos, para allanar el camino de una presentación unificada que parecía imposible. Limó asperezas, venció resistencias, habló con todos, colocando siempre por delante el interés común. El viernes por la noche, durante la sesión privada del jurado, Domitila expuso sus razones, su angustia por desempeñar tan sólo lo que consideraba un papel pasivo que le impedía decir lo que sabía, lo que sentía y lo que pensaba. Todos estuvimos de acuerdo en que debería hacerlo, señalando expresamente que en ese momento (era una presentación, no un caso formalmente sometido a juicio del tribunal) actuaba a título individual y no como integrante del jurado. Con voz quebrada, sin lograr por momentos contener las lágrimas que anegaban sus ojos, Domitila habló y dio el testimonio de lo que había vivido y de lo que en los últimos meses había sabido. Recordó la carta de una compañera, en la que relataba la llegada del ejército a la mina: los hombres murieron o se escondieron en la montaña; las mujeres y los niños permanecieron en sus casas, creyéndose a salvo. Cuando entraron los soldados, buscando a los “rebeldes”, quisieron saber dónde se hallaban. Ante la obstinación de las mujeres, tendieron una cama de botellas rotas y sobre ellas acostaron a los niños. Después, a punta de balloneta, obligaron a las mujeres a caminar sobre los cuerpos de sus hijos. Alguna enloqueció. Domitila concluyó su relato. Hubo un silencio absoluto.

Siervos de Dios y amos de los indios

Marcio Souza tiene coraje. Menudo, se levantó a decir verdades y a denunciar el contubernio de la Iglesia católica, la FUNAI (organismo indigenista del gobierno brasileño) y las trasnacionales. Y también don Tomás Balduino, obispo de Goiás, escuchando todo y, a quien quiera oírlo, dando más detalles y argumentos contra los que a lo largo y ancho de Brasil matan, oprimen, explotan y descastan al indio. Siempre ha tomado partido, a cualquier precio y sin tapujos. Partido por el indio, el más jodido de su posible grey. Hay que verlo, lejos está de la imagen a que los obispos nos tienen acostumbrados.

La misión salesiana en Río Negro impone el cristianismo y saca dinero a cualquier costo. Aquí no han pasado cinco siglos; la evangelización se intenta igual que cuando llegaron los primeros frailes al continente. Han tomado las tierras indias y las han titulado a nombre de la prelacía, “a la brasileña”, según dice un testigo, con la aquiescencia de la FUNAI. Han desintegrado la familia y la organización social tradicionales: los cristianos deben vivir en familias separadas, nunca en las pecaminosas chozas enormes donde conviven, promiscuamente, hombres y mujeres de todas las edades (los clanes locales exogámicos son la base de la organización tribal en la región del Río Negro). Para apartarlos del maligno y abrirles perspectivas de ajuste a la vida civilizada, los salesianos internan a los niños y los apartan de sus familias. El resultado no sorprende: ellas terminan como sirvientes domésticas o en la prostitución y ellos son inhábiles para vivir en sus aldeas, La labor de los salesianos alcanza su recompensa también aquí, en la tierra; reciben cuantiosos donativos para continuar y ampliar su obra redentora. Las trasnacionales son generosas. Sólo hay 9 brasileños entre los misioneros, los otros 26 son extranjeros (incluso un mexicano). Pese a todo, los indios mantienen en secreto su propia religión y practican sus ritos aunque muchos objetos sagrados hayan ido a parar al Museo del Indio en Manaos, donde “la religión muere cada vez que entra un turista”. Ni los pronunciamientos de Juan Pablo II en Manaos, en favor de los indios, han hecho mella en el fuego sagrado de los salesianos, cuya vocación salvadora corre pareja a su ambición sin límite. Tampoco ha valido el hecho de que en Brasil se garantice la libertad de cultos.

En la madrugada del domingo, cuando las sesiones del Tribunal habían concluido y se trabajaba febrilmente para preparar los documentos finales, se supo que había llegado un representante salesiano enviado desde Roma. Estaba dispuesto a defender su causa y quería todos los documentos y la posibilidad de presentar su alegato ante el jurado. Esos salesianos, siempre tan oportunos.

A partir de un piñón

Slavieiro y Filhos, compañía maderera, es la principal empresa privada que se ha apropiado de las 9 mil hectáreas de que se despojó a los kaingang y mbyaguaraní del puesto indígena de Mangueirinha, en Paraná, Brasil. Estas tierras, más de la mitad de la superficie original asignada a los indios, son ricas en Araucaria brasiliensis, una especie codiciada y en vías de extinción, cuyo fruto, un piñón, es la base de la alimentación indígena. El despojo fue posible mediante un convenio (por lo demás ilegal y anticonstitucional) entre el gobierno federal y el del Estado de Paraná. Slavieiro pretende cortar entre 120 mil y 170 mil araucarias. La FUNAI, más modesta, ha instalado también un aserradero en Mangueirinha cuyas ganancias van a los bolsillos de funcionarios corruptos. La escasez de tierras y la destrucción de su principal fuente de alimentación ponen en peligro inminente la existencia de los indios. El asunto se disputa actualmente en el Tribunal Superior de Recursos. La denuncia ante el Tribunal la presenta el coordinador para la región sur del Consejo Indigenista Misionero.

Aquí no hay indios

Se cambió, sin necesidad, el trazo original de la carretera BR 364, en Mato Grosso. Ahora cruzará el territorio nambiquara, ocupado por un pueblo pequeño, de apenas 200 indios. Ya otras porciones de su territorio tradicional están siendo colonizadas, gracias a que la FUNAI expidió certificados negativos, es decir, afirmó que ahí no hay indios. A esos indios inexistentes los trasladó a tierras pobres, muy distintas del hábitat en que se ha desarrollado la cultura nambiquara. Para facilitar la nueva ocupación se usan productos tóxicos, incluso el “agente naranja”que se empleó en Vietnam y que está prohibido en muchos países. La FUNAI no ha delimitado el territorio nambiquara, con lo que abre la puerta a la venta “legal” de las tierras. La BR 364 contará con un generoso financiamiento del Banco Mundial, pese a que se denunció lo que esta obra significará para un pueblo indio. Son sólo 200 nambiquara y requieren una gran área para subsistir; es mucha tierra, que sería mil veces mejor explotada por los “civilizados”. ¿Quién apuesta a los nambiquara? ¿Quién juega la carta de un puñado de hombres que poseen una cultura frágil, impensable en el mundo moderno? Son, apenas, una expresión viva, única e irrepetible de la experiencia humana.

El caso mexicano

“¿Qué pasa con México?”. La pregunta se repitió muchas veces. La ausencia de casos mexicanos sorprendió a todos. ¿Acaso no hay nada que denunciar? ¿Es éste, como algunos pregonan, país de excepción en el que hasta los indios viven sin problemas? Huejutla, Guerrero, Chiapas, y la lista podría alargarse mucho. Al comité de casos llegaron cuatro expedientes sobre México. Muy pocos; menos, en todo caso, de los que ameritaban ser presentados. Las organizaciones indígenas más grandes y más conocidas del país no presentaron ninguna denuncia, aunque fueron invitadas personalmente por un miembro del comité organizador que las visitó meses antes del evento. El comité de casos no seleccionó ninguna de las denuncias mexicanas; sus criterios no incluían la representatividad por países ni por cantidad de población indígena en ellos. Encontraron algunos expedientes insuficientemente documentados y, en relación con los demás, pensaron que otros casos ejemplificaban mejor la naturaleza de las violaciones a los derechos de los pueblos indios. Cuando el jurado intentó llenar esa laguna se encontró con que los acusadores y los testigos no estaban presentes porque habían sido informados por el comité de que sus casos no serían presentados. Como último recurso, se dio tiempo para una presentación informativa sobre la situación indígena de México, lo que permitió que el auditorio tuviera, al menos, una visión panorámica de los problemas. Paraguay y Chile, países en los que la población indígena padece masivamente la represión más brutal, tampoco fueron enjuiciados mediante la presentación de casos formales. En el informe final del Tribunal, sin embargo, se incluyen varias presentaciones verbales que se hicieron durante las sesiones.

La presencia de los indios

En forma paralela a las sesiones del Tribunal, se llevaron a cabo encuentros de todos los representantes indios. Era previsible, aunque no cabía dentro de las actividades oficiales del Tribunal. En las breves horas que separaban una sesión de otra, el salón era ocupado por ellos. Resolvieron sin dificultad los problemas de idioma y aprovecharon la oportunidad para realizar un encuentro más en el que intercambiaron experiencias y reforzaron solidaridades que todos sienten pero que pocas veces pueden organizar. Hubo, por lo que se supo, un respeto absoluto a las diversas posiciones ideológicas y políticas; hallaron formas de discusión que permitieron superar divergencias sin excluir diferencias. El ritual jugó su papel, como también en varias presentaciones ante el Tribunal. Plegarias tradicionales, ceremonias recuperadas o reinventadas, cánticos, tambores. ¿Para qué, cuando se sabe que se lucha contra las trasnacionales, contra el ejército, contra lo imperativo del “desarrollo” y la “civilización”, contra intereses superiores del capital, la seguridad nacional y el Estado?

La afirmación del ritual, que de ninguna manera es la única, cumple un papel como símbolo de identidad diferente; pero tiene también implicaciones menos obvias en tanto expresa una visión del mundo en la que los componentes éticos (la calidad moral) desempeñan un papel central.

En la “Declaración de los pueblos indígenas ante el Cuarto Tribunal Russell” que presentaron en la sesión final como resultado de sus deliberaciones, señalan que “Los Estados naciones han adoptado políticas nacionales para negar a los pueblos su derecho a existir como pueblos distintos del mundo, incluyendo el derecho a practicar su cultura, a hablar su lengua, a la posesión pacífica de su territorio nacional y su derecho a una identidad nacional”. La afirmación del ritual, que de ninguna manera es la única, cumple un papel como símbolo de identidad diferente; pero tiene también implicaciones menos obvias en tanto expresa una visión del mundo en la que los componentes éticos (la calidad moral) desempeñan un papel central.

Religión, política, cultura, tradición, liberación: las fronteras de los conceptos dejan de ser nítidas. Cuando Philip Deere concluyó su mensaje-invocación en la sesión de clausura y caminó lentamente hacia su asiento, el silencio se prolongó en la sala. Lo que había dicho, en metáforas bellas y simples, tocaba el fondo de la cuestión: la justicia llana, los derechos inobjetables, la razón diáfana, todo ello en torno a la aspiración de cualquier pueblo, grande o pequeño, a vivir con plenitud su mundo y realizarse en él, sin más límite que el derecho de los demás pueblos. Y esas cosas simples, que se expresan en un canto o en un rito de comunión con la tierra, comportan la crítica más demoledora a las estructuras de poder vigentes, a todas las modalidades de explotación y dominación de unos hombres por otros, de unos pueblos por otros pueblos; afirman una voluntad secular de resistencia y liberación, que no se atiene sólo al ritual, pero que también lo transforma en arma.

El eterno otro

¿Cuál es el panorama de los derechos indígenas en las Américas, a juzgar por lo presentado ante el Cuarto Tribunal Russell? La documentación reunida, obviamente mucho más rica que lo que reflejen estas notas, permite trazar algunas líneas generales para caracterizar la situación en el continente. En un primer nivel de generalización destacan dos hechos fundamentales. Por una parte, el crecimiento de las economías de los Estados-naciones, independientemente de su grado de desarrollo capitalista, aunado a la abierta y cada vez más intensa penetración de los intereses trasnacionales, ha conducido a la identificación de recursos y potencialidad económicas en los territorios ocupados por los pueblos indios, que no habían sido explotados hasta ahora.

Y frente a la oposición de los pueblos sólo se levanta el engaño, la corrupción, las trampas legales o la represión hasta el genocidio.

En todos los países se está instrumentando una nueva embestida en gran escala para expropiar estos recursos en nombre de un “interés nacional” ajeno y opuesto al interés de los grupos indígenas, tal como éste se expresa en las formas tradicionales de trabajo y aprovechamiento del medio ambiente. La racionalidad de la producción que sustentan los sistemas imperantes no otorga ningún espacio a las economías indígenas (a su tecnología, su organización del trabajo y sus patrones de consumo y distribución). Los intereses dominantes no dan cabida, tampoco, a proyecto alguno que implique la actualización de esas economías (en términos del propio sistema) a fin de que los pueblos indios lleguen a controlar las nuevas formas de producción que se les imponen. En los planes para la explotación más intensa e inmediata de los recursos, la población indígena no cuenta sino como obstáculo: ningún espacio para su participación, ninguna respuesta a sus propuestas, ni el menor rastro de interés o reconocimiento para sus iniciativas, nula preocupación real por su destino. Y frente a la oposición de los pueblos sólo se levanta el engaño, la corrupción, las trampas legales o la represión hasta el genocidio. Se vive un momento de expansión colonial, semejante a los que ocurrieron en los siglos XVI y XVII y en la segunda mitad del siglo pasado, cuando se arrebataron tierras y se exterminaron pueblos; ni siquiera con mayor preocupación por salvar la cara del orden jurídico que los propios estados proclaman como su norma. La misma brutalidad, aguzada hoy por las nuevas tecnologías. El petróleo, la explotación minera, la ganadería, los proyectos hidroeléctricos, la industria maderera, los caminos, todo pasa por encima de los derechos indios y los aplasta. El indio sigue siendo el enemigo, el otro, que no comparte la ideología dominante y cuya presencia estorba, además, por el malestar difuso que resulta de no saber, en el fondo, qué hacer con él, ni como enfrentarlo.

La penetración de estas nuevas formas de explotación económica en las regiones indias se realiza, en unos casos, a través de empresas privadas y, en otros, mediante la acción de agencias gubernamentales. De cualquier manera se afecta directamente la vida de las comunidades y, en los casos extremos, se amenaza su propia existencia. Aun cuando no se llegue de inmediato a esa situación, la penetración económica que está ocurriendo implica la pérdida de iniciativa cultural por parte de los pueblos indios en esferas fundamentales de su vida social; está pérdida se produce en favor de un incremento del papel de intermediario que desempeña el Estado. Se trata, pues, de un proceso que conduce, en lo económico, a una expropiación de los recursos indios en beneficio de los intereses privados dominantes y, en lo político, a una creciente estatización de las decisiones que afectan vitalmente a los pueblos indios del continente.

Indios en marcha

El segundo fenómeno generalizado es la organización política de los pueblos indios bajo formas que se desarrollan rápidamente a partir de 1970. Se trata de nuevas modalidades de lucha que comportan ya un conocimiento de los contextos nacionales e internacionales en los que se inserta la situación de cada pueblo. En algunos casos, tal conocimiento permite orientar políticamente las acciones dentro de una estrategia bien estructurada y a largo plazo; en otros, sólo alcanza para una percepción más adecuada de los problemas inmediatos. Los nuevos dirigentes y los intelectuales indios con una visión cada vez más amplia, crecen en número y en experiencia en todos los países. Como rasgo común a todos los movimientos políticos indios destaca la afirmación del derecho de cada pueblo a existir y ser reconocido como una entidad política propia. Esto es autodeterminación, cualquiera que sea el nivel en que se plantee según las circunstancias de cada caso. El sustento de esta demanda es la afirmación de que todo grupo indígena es un pueblo con una historia, una cultura y un futuro propios. La identidad desempeña el papel central, tanto la identidad étnica particular de cada pueblo, como la identidad india, mediante la que todos se unifican en términos de una civilización diferente de la occidental. No hay contradicción entre ambas porque funcionan a diferente nivel.

Como rasgo común a todos los movimientos políticos indios destaca la afirmación del derecho de cada pueblo a existir y ser reconocido como una entidad política propia. Esto es autodeterminación, cualquiera que sea el nivel en que se plantee según las circunstancias de cada caso.

El grado de desarrollo de las nuevas organizaciones políticas indias varía mucho. Hay países, como Estados Unidos, en que cuentan ya con grupos profesionales de alto nivel para atender los problemas más importantes y variados, desde abogados, médicos y agrónomos hasta historiadores, científicos sociales y teólogos indios. En el otro extremo del espectro (en Brasil, por ejemplo), la organización es incipiente y ha requerido del apoyo de instituciones e individuos ajenos a los propios grupos. Esto no les resta beligerancia ni limita sus posibilidades futuras, porque los nuevos cuadros se están formando con rapidez.

El enfrentamiento de estas dos tendencias (la nueva expansión capitalista y la resistencia india organizada) ocurre con diferentes modalidades en los diversos contextos de los Estados-nación. En Canadá y en Estados Unidos las instancias legales ofrecen un campo más abierto que en los países latinoamericanos; allá se apela a los recursos jurídicos sin descartar las posibilidades de éxito, lo que no excluye las ocasiones de represión violenta cuando los problemas rebasan los limites de tolerancia del sistema. Un preso político por la causa india, como Leonard Peltier, es motivo para una movilización de alcance nacional, mientras que matanzas brutales casi se logran ocultar ante la opinión pública en otros países. “Nunca supe que matar indios fuera delito”, dijo uno de los acusados de los asesinatos de Planas, en Colombia. La cacería de indios, las masacres por el ejército o las “guardias blancas”, el envenenamiento colectivo e intencional, las aldeas arrasadas, no son actos excepcionales en muchas regiones indígenas. El genocidio, en su forma más violenta y directa, como práctica encaminada a la eliminación física de una colectividad, es un expediente al que se recurre sin demasiadas contemplaciones para resolver el “problema indígena” en varios países de América Latina.

“Nunca supe que matar indios fuera delito”, dijo uno de los acusados de los asesinatos de Planas, en Colombia.

La represión selectiva, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de líderes y militantes de las luchas indígenas, ocurren prácticamente en todos los países del continente. En mayor o menor grado, abiertamente o en forma solapada, todos los indios que luchan por su pueblo están expuestos a ser objeto de actos ilegales que violan sus derechos más elementales, no solo por parte de los grupos dominantes locales cuyos intereses se enfrentan directamente con los de los indios, sino también por medio de los aparatos represivos de los Estados-naciones.

El otro camino gubernamental para anular la resistencia india es más sútil. Son las formas de cooptación y corrupción de los dirigentes, la infiltración de sus organizaciones y la expropiación demagógica de sus banderas de reivindicación.

El otro camino gubernamental para anular la resistencia india es más sútil. Son las formas de cooptación y corrupción de los dirigentes, la infiltración de sus organizaciones y la expropiación demagógica de sus banderas de reivindicación. La creación de consejos tribales auspiciados por la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos, es un buen ejemplo. Los enfrentamientos que se logran producir entre facciones de las comunidades indias son empleados hábilmente para desviar la atención de las verdaderas causas de los problemas. El juego legalista (en términos de la legalidad establecida, no india) lleva el conflicto al interior de los pueblos indios y enmascara los intereses que verdaderamente se disputan.

En un nivel más profundo deben ubicarse las políticas etnocidas. La iglesia,la escuela y los medios de comunicación masiva, en un orden la prioridad que varía según los contextos concretos de los casos, son las fuerzas más activas y poderosas de la desindianización. Las misiones religiosas, particularmente las de tipo fundamentalista, siguen desempeñando el papel de punta de lanza de los intereses dominantes, igual que lo hicieron durante la invasión del siglo XVI. Su intolerancia no se ha atemperado un ápice, como tampoco la rigidez absolutista del trato que dan a las comunidades que caen bajo su “cuidado”. Los sectores avanzados de la iglesia católica, minoritarios a escala continental, llevan a cabo su tarea a contrapelo de la institución y, en los casos de compromiso más radical, cambian de frente y se oponen a ella y a todas las fuerzas contrarias a los derechos indios.

La escuela y los medios de comunicación masiva son vehículos para la imposición de una ideología que no da cabida a la existencia de los grupos indígenas como entidades sociales diferenciadas. Los modelos de sociedad que se propone, los valores correspondientes que se imbuyen y, en fin, el contenido total de los mensajes, están definitivamente alineados dentro de un proyecto que excluye a las sociedades y culturas indias a las que no sólo ignora sino también condena a desaparecer, en un discurso con frecuencia cargado de racismo. El efecto es doble: por una parte, el desprecio de las formas de vida indias, del ser indio, se asimila como visión propia por sectores significativos de la población indígena; por otra parte, esta ideología tiende a ser hegemónica y se convierte en el marco de referencia para las más variadas acciones etnocidas, a las que justifica y legitima.

El rosario de denuncias presentadas ante el Cuarto Tribunal Russell, una verdadera antología de la ignominia, cuestiona a fondo y desde múltiples ángulos la marcha actual y las aspiraciones de una civilización prepotente, hasta ahora incapaz de reconocer los derechos de quienes participan de otras visiones del mundo y otros sistemas de valores. Su dinámica es excluyente y aniquiladora y echa mano de un creciente arsenal ideológico, político, económico y militar para arrebatar los recursos que han quedado en tierras indias, explotar la fuerza de trabajo de esos pueblos e imponer, por cualquier vía y a cualquier precio, el orden que corresponde a su actual etapa de desarrollo capitalista. Ante esa nueva agresión en gran escala, los pueblos indios del continente se reorganizan, crean una nueva ideología de lucha, definen su estrategia y sus tácticas y recuperan, del fondo de su experiencia histórica, las fuerzas que demanda su voluntad de sobrevivir.

“Este tribunal ha querido ser una caja de resonancia para la denuncia del despotismo etnocida y para la expresión libre de la voluntad de lucha contra las fuerzas que continúan intentando aniquilar las culturas más antiguas de América. Contra la maquinaria universal de explotación económica y castración cultural, los indios de América ofrecen su lastimado pero invicto perfil civilizador. Ellos han perpetuado y enriquecido antiguas cosmovisiones y modelos de comunidades no fundadas sobre el lucro sino sobre la reciprocidad, que reivindican la identidad entre naturaleza y cultura y nos brindan imprescindibles claves de plenitud humana”. (Informe del Cuarto Tribunal Russell.)

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Fuente: Revista Nexus: https://www.nexos.com.mx/?p=3974
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