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Sancionan por fraude a firma que auditará mapa de infraestructura

La empresa destinada a fijar el mapa de prioridad del gasto para el cierre de la brecha de infraestructura en el país acaba de ser sancionada en EE.UU. por fraude contable, delito por el cual tendrá que pagar una multa de US$ 11.8 millones. ¿Tomará en cuenta el Estado peruano los antecedentes de Ernst & Young antes de seguir sus estimaciones? 

Por José Carlos Díaz Zanelli

Servindi, 21 de noviembre, 2016.- Pese a que la resaca de la APEC Lima 2016 ha dejado una suerte de semblante optimista para el país en términos económicos, existen algunos aspectos de este crecimiento que valdría la pena revisar. Uno de ellos vendría a ser el Plan Nacional de Infraestructura destinado a fijar la inversión pública de cara al 2025.

Como Servindi ha venido informando en los últimos días, el plan que ha sido diseñado por encargo de un gremio de inversionistas privados dispondrá de un mapa interactivo que ha sido encargado a la compañía de cálculos de capital británico y norteamericano, Ernst & Young (EY). No obstante, al parecer el Estado peruano no estaría reparando en el pasado de esta empresa.

Sin ir muy lejos, la última semana de octubre EY fue sancionada en un juzgado de Washington D.C. por acusaciones de fraude vinculada a su trabajo de auditoría. La empresa tendrá que pagar US$ 11.8 millones como parte de una multa millonaria por el delito de fraude contable.

Condenada por su pasado

Esto quiere decir que la empresa que definirá la herramienta de priorización del gasto en infraestructura durante la próxima década acaba de ser penalizada por defraudar inversionistas junto con la compañía petrolera, Weatherford International. En suma son US$ 150 millones de dólares lo que tendrán que devolver a los inversores perjudicados por la mala auditoria de EY.

La pregunta que se cae de madura sería, ¿tomarán en cuenta estos antecedentes los sectores involucrados en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura? Cabe recordar que la inversión estimada para la siguiente década en el país sería de US$ 159 mil millones, dinero que se obtendría de las arcas públicas y de un préstamo con el Banco Mundial.

Por último, y a propósito del mapa interactivo que recibirán diversos sectores en el cual EY graficará la brecha de infraestructura, sería bueno que los funcionarios de los respectivos ministerios tomen en cuenta el nombre de los abogados de la firma que formaron parte de la auditoría considerada un fraude. Se trata de JIm Valentino, Ilana Sultan y Natalie Lentz. 

 

Dato:

España es otro de los países donde Ernst & Young acumula malos antecedentes. Esta vez se trataría de malos trabajos de auditoría vinculados a empresas farmacéuticas e inmobiliarias.

 

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