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Exigen al gobierno de Sagasti respeto a la consulta previa

Foto: Agencia Andina. Fuente: CNDDHH

Servindi, 26 de noviembre, 2020.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exige que el gobierno de Francisco Sagasti garantice el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en los proyectos de inversión y estudios de impacto ambiental.

Mediante un pronunciamiento, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH rechazó la intención de reemplazar el derecho a la consulta previa, libre e informada por los "acuerdos previos".

La propuesta anunciada por Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas "constituye una flagrante amenaza contra los derechos de los pueblos indígenas" indica la Coordinadora.

El "acuerdo previo" entre privados para acceder a la superficie de las tierras a ser explotadas por la minería "se dan en condiciones asimétricas debido al desequilibrio de poder en las negociaciones".

De esta manera, resulta que los acuerdos previos favorecen a las empresas que "obtienen acuerdos ladinos en detrimento de las comunidades" observa la Coordinadora.

La consulta previa, es una obligación del Estado y un derecho de los pueblos indígenas y no es un contrato entre privados, recuerda la CNDDHH.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro:

 

Derecho a la consulta previa no es acuerdo previo

Exigimos al gobierno de Sagasti respeto a la consulta previa de los pueblos indígenas en los proyectos de inversión que afecten sus derechos colectivos.

La propuesta de intentar reemplazar los procesos del derecho a la consulta previa, libre e informada (que incluye el consentimiento de los pueblos indígenas) por los denominados “Acuerdos Previos”, anunciada por el gobierno de Francisco Sagasti, a través de su Ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, constituye una flagrante amenaza contra los derechos de los pueblos indígenas y un grave retroceso en el proceso de reconocimiento y respeto irrestricto a sus derechos fundamentales, por la siguientes razones:

1.- Este anuncio abre nuevamente un escenario que busca favorecer abiertamente a las empresas extractivas, principalmente empresas mineras, desconociendo las obligaciones del propio Estado, puesto que el Acuerdo Previo es un requisito para acceder a la superficie de las tierras a ser explotadas por la minería, un acuerdo entre privados, cuya finalidad es establecer prestaciones reciprocas entre las partes en relación a las tierras comunales; estos procesos de negociación lamentablemente se dan en condiciones asimétricas debido al desequilibrio de poder en las negociaciones que favorece a las empresas, las que muchas veces obtienen acuerdos ladinos en detrimento de las comunidades.

2.- Los acuerdos previos, propuestos por el Ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez no solo tratan de confundir a la opinión pública y a las organizaciones indígenas sino vulneran el marco de derechos fundamentales. La consulta previa, es una obligación del Estado y un derecho de los pueblos indígenas, no es un contrato entre privados. Plantear que pueden ser reemplazados por Acuerdos Previos, es desconocer el derecho a la consulta previa, puesto que en la práctica significa eliminarlo, contraviniendo con ello la Constitución, los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e ir contra la misma Ley de Consulta Previa, Ley 29785.

El gobierno de Francisco Sagasti tiene que entender que los conflictos que suceden año a año derivan de la mala fe del Estado y las empresas en sus relaciones con las comunidades. No se puede promover la inversión privada a costa de derechos humanos de las poblaciones originarias. Equiparar Consulta Previa con Acuerdos Previo constituye una abdicación por parte del Estado de sus obligaciones internacionales y de su responsabilidad de cautelar el respeto de los derechos.

Pretender que eliminando espacios de diálogo con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios se conseguirá que se garantice la paz social es irresponsable y el gobierno deberá asumir las consecuencias que puede producir una decisión como ésta.

Exigimos que el gobierno efectivice la consulta previa de los pueblos indígenas en los proyectos de inversión y sus estudios de impacto ambiental para de esta forma garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas de cara al Bicentenario.

26 de noviembre 2020

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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