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Argentina: Comunidades originarias de Salta piden se cumpla fallo de la Corte IDH

Foto: Debates Indígenas / IWGIA.

Servindi, 18 de diciembre, 2021.- La asamblea de caciques de las comunidades indígenas agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), en Salta, Argentina, pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de abril de 2020.

En un escrito al titular de la Unidad para la Ejecución de la sentencia plantean la urgencia de avanzar en los trabajos que permitan delimitar y titular los territorios y el acceso al agua.

Por primera vez funcionarios de la Unidad para la Ejecución de la sentencia visitaron el territorio donde recibieron la queja de las comunidades por la falta de avances.

Una sentencia histórica pendiente de cumplimiento

La sentencia condenó al Estado argentino por las violaciones a los derechos de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete).

Fuente de mapa: El caso Lhaka Honhat, publicación del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2006.

Asimismo ordenó la entrega de títulos de propiedad de sus tierras ancestrales ubicados al norte de Salta mediante un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, en Rivadavia.

El tribunal internacional dispuso que en un plazo máximo de seis años Argentina debe trasladar a la población criolla fuera del territorio, quitar alambrados y garantizar el acceso al agua y a la alimentación.

La CorteIDH concluyó que el Estado argentino violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores "criollos", no indígenas, en el territorio

Asimismo, se llegó a la conclusión que Argentina no cuenta con una normativa adecuada para garantizar en forma eficiente el derecho de propiedad comunitaria.

El fallo añade que el Estado argentino no siguió los mecanismos adecuados de consulta previa a las comunidades indígenas sobre un puente internacional construido dentro de sus territorios.

La Corte también determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medioambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de "la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas".

Unidad ejecutora

Cabe resaltar que esta es la primera vez que el Estado argentino crea una unidad especial para el cumplimiento de un fallo de la Corte IDH.

Desde el 29 de noviembre al 1º de diciembre, los miembros de la Unidad Ejecutora recorrieron los territorios en el Departamento de Rivadavia, en la segunda visita formal desde que se dictó la sentencia.

Del viaje participaron funcionarios nacionales de los Ministerios de Agricultura, Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Hábitat, Economía y Defensa y representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

En cambio, la provincia de Salta sólo intervino en una reunión vinculada a la mesa de gestión institucional en Santa Victoria Este.

Durante la visita se recorrieron diferentes zonas del territorio en las que se pueden observar las consecuencias de trabajos inconclusos.

En la zona de La Puntana, por ejemplo, se construyó un pozo de agua que funcionará con energía solar, pero aún no hay detalles ni información sobre la extensión de la red de agua para su utilización.

Situaciones similares ocurren con otros 12 pozos de agua cercanos. También se recorrieron las zonas a las que se mudaron las familias criollas que estaban en el lugar.

Esos traslados no tuvieron colaboración del Estado ni desarrollo de la infraestructura necesaria para llevar el ganado.

En la parte sur del territorio, las comunidades indígenas expusieron a les funcionaries los efectos que les generó, respecto de la falta de alimentos, la pérdida de árboles de algarroba y chañar.

Una larga lucha

Desde 1984 las comunidades originarias que reúnen a más de diez mil personas reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales.

Ellas se dedican tradicionalmente a la pesca, recolección y caza y deben recorrer grandes extensiones de su tierra ancestral para encontrar alimentos y medicinas.

Debido al asentamiento de familias criollas se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres.

Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la asociación Lhaka Honhat, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), efectuó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2012, la Comisión dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes.

El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado en 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco de este caso, la Corte IDH también reclamó que Argentina discuta con las comunidades indígenas del país una ley de propiedad comunitaria, que asegure el derecho a sus territorios.

“Aún hoy parecen existir dudas en la Argentina sobre el alcance y contenido de este derecho para los pueblos originarios” indica una nota informativa del CELS.

La institución asesora considera urgente avanzar con el cumplimiento de la sentencia de Lhaka Honhat después de 30 años de reclamos políticos y legales.

Para ello el Estado argentino tiene que avanzar de manera concreta con los plazos y medidas definidas en la sentencia internacional.

 

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Integrantes de pueblos originarios acampan el 2 de marzo de 2017, en el centro de Buenos Aires (Argentina). Pueblos originarios de la provincia norteña argentina de Salta reclaman no ser desalojados de las tierras donde viven. (Foto: EFE)

Integrantes de pueblos originarios acampan el 2 de marzo de 2017, en el centro de Buenos Aires (Argentina). Pueblos originarios de la provincia norteña argentina de Salta reclaman no ser desalojados de las tierras donde viven. (Foto: EFE)

Servindi, 3 de abril, 2020.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado argentino por las violaciones a los derechos de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y, ordenando la entrega de títulos de propiedad de sus tierras ancestrales en un plazo de 6 años. Seguir leyendo...


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