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El presidente del Congreso estuvo vinculado al crimen de Accomarca

Foto: Andina

En 1985 y siendo entonces mayor del Ejército peruano, Zapata estuvo a cargo de dos de las cuatro patrullas de las Compañías Lince (6 y 7) que participaron en el Plan Huancayoc, operativo militar que culminó en la masacre de Accomarca. Si bien fue absuelto por la justicia militar estuvo de algún modo vinculado al horrendo crimen.

Servindi, 14 de setiembre, 2022.- El 14 de agosto de 1985 ocurrió uno de los peores crímenes durante el conflicto armado interno que enlutó al Perú.

En aquella fatídica fecha una patrulla militar asesinó a 69 comuneros entre ancianos, mujeres y niños, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Hoy uno de los personajes siniestros al mando de dicho operativo, el militar José Williams Zapata, ha sido electo esta semana presidente del Congreso de la República y un velo de amnesia ha cubierto a la mayoría de la prensa concentrada.

Los medios alaban y destacan que el congresista de Avanza País fue exjefe de la Operación Chavín de Huántar, realizado en abril de 1997 para rescatar a los setenta y dos rehenes restantes cautivos del grupo terrorista MRTA.

Dicha misión resultó exitosa y fue considerada una de las más exitosas operaciones de rescate de la historia.

Lo que resulta reprobable y censurable es que no informen absolutamente nada sobre la vinculación de Williams Zapata con la masacre de Accomarca.
 

En 1985 y siendo entonces mayor del Ejército peruano, Zapata estuvo a cargo de dos de las cuatro patrullas de las Compañías Lince (6 y 7) que participaron en el Plan Huancayoc, operativo militar que culminó en la masacre de Accomarca.

“Parece que fue hace poco, pero pasaron 36 años ¿Cómo es posible que un militar entrenado y armado mate a campesinos quechuahablantes? ¿Cómo un niño de 3 meses de nacido sería terrorista? Este dolor no sale de mi corazón”.

Con esas palabras rememora Celestino Baldeón el episodio de terror de la matanza, ahora como presidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del distrito de Accomarca (AFAVPDA).

La matanza se llevó a cabo como parte del “Plan Operativo Huancayoc”, una acción antisubversiva planificada por la organización militar de la Sub Zona de Seguridad Nacional No.5, con desprecio por la vida de civiles inocentes.

De acuerdo a lo planeado, el Mayor de Infantería José Daniel Williams Zapata, designó a las patrullas “Lince” 6 y “Lince” 7 para que participen en el plan operativo.

Dichas patrullas estaban al mando del Teniente de Artillería Juan Manuel Elías Rivera Rondón y del SubTeniente Telmo Hurtado respectivamente, las cuales estaban compuestas por 18 efectivos militares cada una.

La Patrulla “Lince” 6 tenía la misión de actuar en la parte alta de la Quebrada de Huancayoc, mientras que la Patrulla “Lince” 7 lo haría en la parte baja de esa zona, teniendo ambas la misión de destruir una “escuela popular” que, se presumía, estaba ahí ubicada.

Por su parte, las otras dos patrullas del Ejército tenían la misión de cerrar las vías de escape de los presuntos subversivos. Llegaron a Llocllapampa, anexo ubicado a tres kilómetros de Accomarca, y reunieron a los pobladores en la plaza del pueblo.

Separaron a hombres, mujeres y niños para encerrarlos en tres viviendas a pesar de las súplicas de los comuneros. Luego violaron a las mujeres y seguidamente mataron a todos los pobladores: les dispararon, les arrojaron granadas y, por último, prendieron fuego a las casas con todos los ocupantes (muertos o heridos) dentro.

De las 69 víctimas ejecutadas, 30 eran niños, 27 mujeres y 12 hombres. Tres de las mujeres estaban embarazadas y también fueron violadas.
 

En las semanas siguientes miembros de las FF.AA. asesinaron paulatinamente a varios testigos del múltiple crimen con el propósito de ocultarlo y sustraer a los responsables de la acción de la justicia.​

Cabe destacar, que en una de las declaraciones de Telmo Hurtado confesó que no había consignado la existencia de víctimas “porque existía una orden expresa en la Sub Zona de Seguridad Nacional Nº 05, impartida por el jefe de la Compañía “Lince”, Mayor José Daniel Williams Zapata, para no hacerlo”.

“Según Hurtado, la orden se habría dado a los oficiales a cargo de los operativos con el fin de evitar denuncias de los familiares de las víctimas, tal como venía ocurriendo en Argentina, luego de la dictadura militar. El Mayor Williams ha negado tal disposición”, indica el informe de la CVR.

Los procesos judiciales llevados a cabo en el fuero militar absolvieron de los crímenes más graves a la cadena de mando y Telmo Hurtado –conocido como el "Monstruo de Accomarca" y el "Carnicero de los Andes"– fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad y dar falso testimonio.

Junto a los demás militares implicados, fue absuelto de los cargos de homicidio, negligencia y desobediencia. Dos años después, Hurtado se acogió a la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Alberto Fujimori. Recibió cuatro condecoraciones y ascendió hasta el grado de mayor.

Luego del régimen fujimorista y por disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso fue reabierto y Telmo Hurtado extraditado desde Estados Unidos al Perú donde fue condenado a 24 años de prisión. 

Un reporte de la Wikipedia destaca que Telmo Hurtado “siempre se ha caracterizado por asumir la culpa en solitario”. En el fuero militar, en 1986 admitió ser el único responsable de lo que sucedió en Accomarca.

Esa respuesta es la base de la defensa de los 28 militares implicados en el nuevo juicio que realiza la sala penal: Hurtado ejecutó los crímenes por decisión propia.

 

 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el crimen de Accomarca

«la Comisión ha establecido que la matanza de Accomarca fue realizada directamente por la Patrulla “Lince” 7, bajo el mando del subTeniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado. Sin embargo, los hechos cometidos en Accomarca, materia del presente caso, no fueron obra de una sola persona sino el resultado de una decisión común que se concretó en un operativo militar – el “Operativo Huancayoc”– donde participaron las más altas autoridades del Ejército en la ciudad de Ayacucho, en la planificación, elaboración, discusión y ejecución.

Los actos cometidos en Accomarca se realizaron como parte de un sistema de combate adoptado, consentido y practicado en la División de Infantería de la Segunda Región Militar. El jefe político militar de la Zona de Seguridad Nacional No 05, implementó para el caso de Accomarca una estrategia antisubversiva al margen de la ley. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y torturas no fueron el producto de iniciativas individuales, sino la manifestación de la propia estrategia adoptada para este caso.

En este sentido, la Comisión esta en condiciones de afirmar que los delitos cometidos en Accomarca fueron perpetrados a través de un aparato organizado de poder que se organizó y estructuró sobre la organización militar de la Sub Zona de Seguridad Nacional Nº 05.

La Comisión concluye que los actos cometidos en el marco del “Operativo Huancayoc”constituyen claras violaciones a los instrumentos internacionales suscritos por el Perú, los mismos que formaban parte del ordenamiento jurídico nacional al momento de la comisión de los hechos. De esta forma, fueron violados el derecho a la vida, consagrado en el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las disposiciones contenidas en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; y, el derecho a la libertad y seguridad personales, consagrado en el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, la CVR lamenta que la contienda de competencia promovida en 1985, con motivo de las actuaciones judiciales relacionadas al caso, haya sido resuelta por la Corte Suprema de la República a favor del Fuero Militar con argumentos que reflejan --cuando no una velada intención de contribuir con una perversa situación de impunidad--, una cultura de subordinación de las autoridades civiles a las militares, la cual resulta incompatible con los valores que sustentan un estado democrático de derecho, así como una falta de compromiso con dichos valores democráticos que la Corte Suprema, en tanto la más alta autoridad jurisdiccional, estaba llamada a garantizar.

Del mismo modo, la CVR considera que en los hechos el Fuero Militar fue utilizado como un medio para lograr la impunidad, bajo la apariencia de una supuesta real intención de investigar y sancionar a los responsables de la matanza de Accomarca. A juicio de la CVR esta es una situación de impunidad agraviante e inaceptable que atenta contra la búsqueda de justicia a la que tienen derecho los familiares de las víctimas, así como el conjunto de la sociedad, que aspira a construir un auténtico estado de derecho.»

Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR): https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.15.%20ACCOMARCA.pdf

 

 

 

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