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Corte da la espalda a demanda de escolares contra deforestación

Esolares presentan la demanda de amparo. Foto: IDL

Servindi, 13 de mayo, 2022.- La Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima dio la espalda –con argumentos endebles– a una demanda de ampara presentada por escolares del Colegio José Antonio Encinas para detener la deforestación en Perú.

Los argumentos esgrimidos por los procuradores del Ministerio del Ambiente (MINAM), del Ministerio de Educación (MINEDU) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han sido sorprendentes.

Ellos consideran que la demanda “no es necesaria pues ya hay planes aprobados para enfrentar la deforestación”, a pesar que este flagelo ambiental se ha elevado de 150,000 a 200,000 hectáreas anuales.

en el Perú que equivale un poco menos al área de la ciudad de Lima. Esta deforestación no solo no se ha detenido, sino que se ha agravado, pues en los últimos años la deforestación aumentó a 200,000 hectáreas por año.

La demanda se presentó con el apoyo técnico y la defensa legal de KENÉ Instituto de Estudios Forestales y Ambientales y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

A continuación un breve reporte sobre el tema escrito por el abogado constitucional Juan Carlos Ruiz Molleda:

 

Litigio constitucional contra la deforestación. Argumentos del Estado para oponerse a demanda contra deforestación de bosques en el Perú

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

13 de mayo, 2022.- En días pasados se realizó en la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima se realizó la audiencia en la demanda de amparo presentada por un grupo de niños, niñas y adolescentes del colegio José Antonio Encinas, con el apoyo técnico y la defensa legal de KENÉ Instituto de Estudios Forestales y Ambientales y el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra diferentes instancias del Estado contra la falta de políticas públicas efectivas para detener la deforestación de bosques primarios en el Perú.

Mas información sobre la demanda ver:

El hecho lesivo que la demanda cuestiona es que cada año se deforesta 150,000 hectáreas en el Perú que equivale un poco menos al área de la ciudad de Lima. Esta deforestación no solo no se ha detenido, sino que se ha agravado, pues en los últimos años la deforestación aumentó a 200,000 hectáreas por año. Esta situación es grave pues aproximadamente el 60 % de los sobrecalentamiento en el Perú es por deforestación.

Este aumento viola no solo el derecho a disfrutar de un medio adecuado y equilibrado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, y de manera especial los principios de conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento de los recursos naturales, reconocidos en los artículos 67 y 69 de la Constitución.

Los procuradores del Ministerio del Ambiente (MINAM), del Ministerio de Educación (MINEDU) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han sido sorprendentes:

1. Esta demanda no es necesaria pues ya hay planes aprobados para enfrentar la deforestación.

2. El amparo no es la vía idónea para exigir detener la deforestación.

3. Se está violando el principio de corrección funcional pues no es tarea de los jueces ordenar políticas públicas.

4. No se puede realizar control constitucional de políticas públicas o de ausencia de políticas públicas.

5. No se puede exigir políticas públicas a través de la justicia constitucional.

Nuestra respuesta a los argumentos del Estado:

1. Lo que se pide no es más planes en el papel, pues son retóricos. Lo que se exige son “medidas efectivas”. De qué nos sirve planear en el papel si la deforestación ha aumentado de 150,000 a 200,000.

2. Todo acción u omisión que afecten en forma directa derechos fundamentales, puede ser objeto de control constitucional a través de una demanda de amparo, por la sencilla razón de que no hay zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución.

3. Si bien la función de gobierno es del Poder Ejecutivo, según el artículo 118.3, y no le corresponde a los jueces impulsar políticas públicas, la justicia constitucional si tiene competencia para ordenar la elaboración de políticas públicas, cuando esta omisión ocasiona violación de derechos fundamentales.

4. El Tribunal Constitucional en las STC 03228-2012-PA y STC 00033-2010-PA no solo ha realizado control constitucional de políticas públicas, sino que han construido un parámetro para realizar este control constitucional.

5. En la STC 01470-2016-HC que reconoció el derecho a la alimentación, el TC reconoce que los derechos sociales, económicos y culturales, son derechos prestacionales, que no son otra cosa que derechos a prestaciones positivas. La doctrina reconoce que esto es posible. ¿Qué se puede obtener a través del litigio contra políticas públicas a favor de la protección de los derechos fundamentales?

a. “Decisiones judiciales que invalidan políticas sociales por ser contrarias a estándares jurídicos.

b. Decisiones judiciales que disponen la implementación de políticas definidas por las instancias políticas y no ejecutadas por las burocracias inferiores o locales

c. Decisiones judiciales que obligan a definir políticas públicas o emprender reformas estructurales de los sistemas de protección social, a partir de la aplicación directa de las normas constitucionales.

d. Decisiones judiciales que reconfiguran aspectos parciales de las políticas públicas o de los sistemas de protección social en curso, obligando a extender los alcances de las prestaciones y servicios a supuestos no contemplados y beneficiarios excluidos.

e. Decisiones judiciales que ordenan reformular los procedimientos para la elaboración o implementación de las políticas, los espacios de participación a los niveles de información pública disponible sobre ellas”.

(Víctor Abramovich y Laura Pautassi: La revisión judicial de las políticas sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, pág. 50).

 

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