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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 10 de febrero, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Julio Quispe.

Mundo Indígena al 10 de febrero de 2018 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").

Loreto. Organizaciones indígenas de cinco cuencas de Loreto iniciaron un paro indefinido que bloquea los ríos Ucayali, Corrientes y Marañón por incumplimientos del Estado respecto a la contaminación petrolera.

Entre los compromisos incumplidos está la demanda de un estudio independiente del estado del oleoducto, la remediación integral del Lote 8 y 192 y la compensación por 40 años de actividad petrolera.

Los indígenas exigen la presencia de la Premier Mercedes Araoz para iniciar el diálogo, siempre y cuando tenga la voluntad y decisión para cumplir los acuerdos.

Ley de Carretera. El ex ministro del Ambiente, Ricardo Giesek, afirmó que es necesario  "evitar que se lleve a cabo la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali" pues se afectaría directamente las  reservas indígenas.

Así lo afirmó en un artículo que cuestiona la recientemente promulgada Ley 30723, que declara “de prioridad e interés nacional” construir carreteras en la referida región.

Giesek consideró que el proyecto de la carretera entre las regiones de Purús e Iñapari tendrá un impacto dramático por la invasión de las tierras indígenas por madereros y taladores ilegales, colonos y mineros ilegales.

Señaló que la vía provocará deforestación masiva, explotación irracional de la madera, aumento de presión de caza, y la  imposibilidad de cumplir los acuerdos de París suscritos en la cumbre climática de diciembre de 2015.

Licencias vitalicias. Mineras extraen agua de zonas en alto riesgo por escasez hídrica, conflictos y contaminación, así lo reveló un informe del portal periodístico Ojo Público.

La investigación muestra como el Estado ha otorgado a 31 empresas mineras licencias para usar agua de ríos, quebradas y acuíferos en 12 territorios declarados de alto riesgo.

La investigación señala que 248 compañías mineras obtuvieron licencias para extraer el recurso hídrico a perpetuidad, de las cuales 31 de ellas se ubican en 12 zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

Los derechos de uso de agua se dividen en licencias, autorizaciones y permisos, sin embargo, las denominadas licencias no tienen fecha de caducidad.

La mayoría de este tipo de permisos lo tiene Southern Cooper, seguida de la empresa Minsur que tiene seis licencias vitalicias.

Piura. El Colectivo por Ayabaca rechazó el proyecto minero Río Blanco y exigió respeto a la consulta vecinal donde quedó demostrada la mayoritaria oposición al proyecto que pretende realizarse en la sierra de Piura.

Denunció que personas “sin ninguna representatividad” junto a funcionarios del Estado, recogen firmas a cambio de regalos para demandar  un “diálogo” con la empresa que no sería otra cosa que una negociación, remarcando que cualquier espacio de diálogo debe darse con actores representativos.

El colectivo indica que la empresa minera Río Blanco Copper S.A. no tiene ningún permiso de las comunidades para acceder a sus tierras, ni del Estado, por lo que su presencia en dichos territorios es ilegal.

Indígenas contaminados. Un estudio realizado a 130 pobladores de la etnia Kukama , en Loreto,  encontró mercurio, cadmio, plomo y arsénico en sus muestras de orina.

La fuente de esta contaminación sería los constantes derrames petroleros ocurridos en el oleoducto Norperuano  desde 2014.

El estudio indica que el 19 por ciento de la población  tiene plomo en la sangre, metal que está fuertemente ligado a enfermedades neurológicas y trastornos en la capacidad intelectual.

Asimismo, el 17 por ciento registra la presencia de cadmio en la sangre,  mineral  vinculado a enfermedades renales e incluso tumores de próstata.

Comunicadores indígenas. El nuevo consejo directivo de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip) rechazó la criminalización de protesta social que se generó durante el paro agrario y lamentó la muerte de dos agricultores.

Los comunicadores indígenas también  respaldaron el pedido de vacancia al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski y sugirieron convocar a una Asamblea Constituyente.

Del mismo modo, exigieron la derogación de las leyes 30723 y 30230, relacionadas a la apertura de las carreteras en zonas de frontera y al acceso a las tierras comunales.

Derrame en Camisea. Un nuevo derrame de hidrocarburos ocurrió en una quebrada ubicada a la altura del kilómetro 8.9 del ducto de gas natural del proyecto Camisea, ubicado en el distrito de Megantoni, en Cusco.

Los  indígenas machiguengas de la zona denunciaron que tras el incidente no hubo comunicación oportuna ni plan de contingencia de parte de la empresa, y que se enteraron tres horas después del incidente.

Los centros de salud reportan  que 27 personas fueron atendidas por afecciones producidas por el vertido, en tanto que las organizaciones indígenas pidieron a la  población que no consuma pescado del Bajo Urubamba.

Este derrame es el octavo registrado en el ducto que cruza la provincia de La Convención, sin contar los múltiples derrames ocurridos en 2004 en Ayacucho, cuando se inauguró el gasoducto.

Emergencia sanitaria. El Gobierno declaró en emergencia sanitaria a 31 comunidades nativas de los distritos de Urarinas  y Parinari, en la región Loreto.

La norma que regirá durante 90 días busca evitar brotes epidémicos relacionados con el consumo  de agua no apta para el consumo humano.

El Ministerio de Salud indicó que existe el riesgo de epidemias porque  las citadas comunidades no tienen sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano o son deficientes o inoperativos.

Madera ilegal. Un informe sobre la exportación de madera ilegal peruana reveló que la autoridad forestal del país está "eliminando las herramientas y reglamentos que permiten verificar el origen legal" de la madera.

El documento de la Agencia de Investigación Ambiental señala que en 2015, al menos 45 compañías exportaron madera del principal puerto del Perú a 18 países, pese a ser ilegal.

Indica también que los exportadores peruanos y la autoridad forestal afirman que la trazabilidad de la madera es imposible pese a los años de compromisos, cooperación e inversiones dedicados para lograr lo contrario.

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