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Amazonía: crisis y oportunidad en el control de los delitos ambientales

Servindi, 9 de marzo, 2021.- La prevención y reducción de los delitos ambientales ha entrado en una nueva era de crisis y oportunidad y se requiere un enfoque preventivo más que persecutorio, indica un documento de política recién lanzado.

Se trata del segundo número de la colección de documentos de política del Proyecto Prevenir de la La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dedicado a la política de los delitos ambientales en la Amazonía peruana.

El estudio advierte que en el escenario de post pandemia, la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico ilícito de especies silvestres, no se han reducido y amenazan la megabiodiversidad de la región amazónica.

Además, han creado un conflicto social subyacente que pone en riesgo la diversidad cultural de uno de los lugares más singulares del mundo.

Valor e importancia de la Amazonía peruana

Perú tiene una cobertura de bosques de aproximadamente 68 millones de hectáreas, es el noveno país con mayor superficie forestal del planeta y el segundo en Sudamérica, después de Brasil.

Debido a su gran extensión, los bosques peruanos constituyen una reserva importante de carbono a escala global.

Además, los bosques contribuyen a la calidad de vida de las personas, regulan el clima y purifican el aire, distribuyen el flujo y suministro de agua y conservan los suelos al evitar su erosión.

Adicionalmente, brindan productos forestales maderables y no maderables (castaña, sacha inchi y camu camu, por ejemplo), son hábitat para las especies que hacen posible la polinización y el control natural de plagas, proveen belleza escénica y paisajes de valor recreativo, entre otros bienes y servicios para la sociedad.

Tocando madera

A pesar de su importancia para el país, la región y el planeta, la deforestación sigue aumentando aceleradamente; y se calcula que se pierden, en promedio, unas 150,000 hectáreas de bosque al año.

Ello está asociado a la producción ilegal de madera y se estima que el volumen de producción ilegal representa el 41% de la producción total de madera cada año (SBS & GIZ, 2018).

La deforestación es responsable del 51% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en el Perú. Los departamentos con mayores niveles de deforestación en 2019 fueron Ucayali, Loreto y Madre de Dios. 

En cuanto a los bosques húmedos de la Amazonía peruana existen tres causas directas de deforestación: la expansión agropecuaria, las actividades extractivas ilegales e informales y la ampliación de la infraestructura de comunicación, energía e industrias extractivas.

Si bien, todas ellas contribuyen directamente con la problemática; la principal, en términos de superficie afectada, es la expansión agropecuaria.

Todo esto ocurre mientras que la capacidad de gobernanza muestran una brecha entre las instituciones nacionales establecidas para identificar y procesar a los perpetradores, y la administración y ejecución de estos esfuerzos a escala regional.

"Los funcionarios del gobierno central culpan a la debilidad sistémica de sus pares regionales, mientras que estos últimos les atribuyen la renuencia a confiar a las autoridades regionales los recursos que necesitan para prevenir y controlar los crímenes ambientales" recoge el documento.

En este contexto, la sociedad civil "es fundamental para mejorar la prevención de estos delitos".

Con el fin de fortalecer la prevención y combate de delitos ambientales desde el ámbito de la gobernanza, el Proyecto Prevenir de USAID presenta un conjunto de recomendaciones organizadas en cuatro líneas de acción: 

1. Claridad sobre los derechos y obligaciones sobre la tierra y los recursos

2. Una respuesta integrada a los delitos ambientales

3. Prevenir y responder estratégicamente a los delitos

4.  Ver a través de los muros que ocultan la ilegalidad

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