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“La protección del Estado son papeles que en la práctica no funcionan”

Líderes indígenas expusieron ante la CIDH el asesinato de defensores ambientales y la inacción del Estado peruano para contrarrestar esta situación.

Servindi, 7 de octubre, 2020.- Organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano no está protegiendo realmente a los defensores ambientales.

En una audiencia pública realizada el martes 6 de octubre, cuestionaron la inoperancia del Estado y acusaron que “la protección que brinda, solo son papeles que en la práctica no funcionan”.

Asimismo, alertaron que afrontan una vulneración sistemática de sus derechos que comprende el despojo de sus territorios, el asesinato de sus líderes y el olvido y desinterés por parte del Estado.

Crímenes impunes

La audiencia virtual realizada este martes, contó con la participación de líderes indígenas y representantes de cuatro comunidades nativas, así como de miembros de la sociedad civil, del Estado peruano y de la CIDH.

El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlin Diques Ríos, inició la sesión expresando su preocupación por los problemas que han dado pie a los asesinatos de defensores indígenas.

“Las mafias del narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras y la industria de palma se han instalado en nuestras tierras”, relató Diques, quien días antes a esta audiencia, recibió amenazas de muerte.

Ucayali, jurisdicción de la organización indígena de ORAU, es una de las regiones amazónicas más golpeadas por la proliferación de estas actividades.

En el 2014, cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, fueron asesinados tras denunciar ante las autoridades estatales la actividad de taladores ilegales en sus territorios.

Aunque han pasado seis años, Diana Ríos Rengifo, lideresa de esta comunidad e hija de Jorge Ríos Pérez —uno de los líderes asesinados—, denunció que la situación no ha cambiado.

“A la fecha, los asesinos siguen libres y nosotros seguimos amenazados por la mafia y la corrupción, sin contar con la protección del Estado”, dijo Ríos durante la audiencia.

Una situación similar vive la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada en la misma región.

Efer Silvano Soria, presidente de la comunidad, recordó en la sesión que, desde el 2013, vienen denunciado el despojo de sus tierras por parte de la palmicultora Plantaciones Pucallpa, llamada ahora Ocho Sur P.

Desde entonces, dijo Silvano, lo único que han recibido a cambio son amenazas de muerte porque las invasiones en sus territorios no han cesado.

“Solo entre agosto y setiembre de este año, los invasores han seguido entrando a la comunidad. Ahora mismo, los traficantes armados siguen dentro”, señaló el líder indígena.

Los invasores, según el líder indígena, ingresan a su comunidad alentados por la empresa Ocho Sur P. que pretendería expandir su territorio para la plantación de palma aceitera.

Servindi reveló recientemente que, desde la llegada de esta empresa, la deforestación en el territorio ancestral de la comunidad ha ido en aumento y actualmente vive un segundo pico de deforestación.

Además, contamos cómo es que, a pesar de recibir dos órdenes gubernamentales para detener sus actividades, Ocho Sur P. continúa operando hasta la actualidad.

Asesinados durante la pandemia

Las organizaciones indígenas también dieron cuenta ante la Comisión Interamericana del asesinato de dos líderes indígenas ambientales durante la pandemia.

Se trata de Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores, asesinados en abril y mayo de este año, respectivamente.

Meléndez era el líder de la comunidad indígena Unipacuyacu (Huánuco), y desde hace años, venía solicitando la titulación de tierras de su comunidad, hecho que le generó disputas con invasores.

Tras su muerte, tuvo que asumir el cargo Jesús Cahuasa, quien participó de la audiencia y demandó que el Estado resuelva las titulaciones de las comunidades indígenas.

“Por derechos ancestrales, nos corresponde. No estoy pidiendo que nos regalen [territorios], sino que respeten nuestros derechos”, expresó enfáticamente Cahuasa.

Gonzalo Pío, por su lado, lideraba la protección de las tierras de la comunidad asháninka Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera de Junín, Ucayali y Pasco.

Había heredado esa responsabilidad desde el 2013, año en que su padre, Mauro Pío Peña, fue también asesinado por defender la titulación de su comunidad.

A Gonzalo Pío lo secuestraron junto a su esposa, Maribel Casancho Flores, en plena pandemia y los torturaron. A él lo mataron, y a ella, aunque la dieron por muerta, logró sobrevivir.

Gracias a ese “milagro”, Maribel pudo estar presente en la audiencia ante la CIDH y no ocultó su indignación cuando los representantes del Estado afirmaron que a ella ya le habían asignado protección.

“Es mentira que tengo protección. La tendré en papeles, porque en la práctica no lo tengo. Me siguen, me toman fotos. Qué va a ser de mi saliendo de esta audiencia”, dijo la lideresa indígena.

Responsabilidad estatal

La delegación del Estado presente en la audiencia estuvo conformada por Gonzalo Guillén del Ministerio de Relaciones Exteriores; Edgardo Rodríguez, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Omar Tello, del Ministerio Público; y Margarita Huamán del Ministerio de Cultura.

Durante su intervención, Rodríguez se refirió al protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, entre ellos, defensores ambientales, aprobado en abril del 2019.

Hasta setiembre de este año, dijo que, gracias a este protocolo, han recibido 15 solicitudes de protección, de las cuales 8 han sido admitidas. 

Aunque el objetivo de este protocolo es garantizar que los defensores puedan realizar sus actividades sin ser violentados, diversos especialistas han advertido sus limitaciones.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez Salvador, quien también participó de la audiencia, señaló que la principal limitación es el escaso presupuesto que recibe esta iniciativa por parte del Estado.

Asimismo, agregó que este protocolo no obliga a participar en este proceso a las instancias llamadas a investigar y sancionar a quienes violentan a los defensores, como es el caso del Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial.

El abogado consideró que, los casos presentados en la audiencia, “demuestran que el Estado ha incumplido sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido estas comunidades”.

En ese sentido, pidió a los comisionados de la CIDH enviar una comunicación formal al Estado, exhortándolo a tomar acciones concretas para proteger a los defensores ambientales.

Así como requerirle información sobre el impacto de la corrupción y el estado de los procesos judiciales mencionados durante la audiencia.

Por su parte, el relator para Perú de la CIDH, Stuardo Ralón, propuso a los representantes del Estado instalar una mesa virtual con un enfoque de empresas y derechos humanos.

Esta mesa de trabajo, serviría para analizar las diferentes autorizaciones que se han dado para actividades en zonas cercanas o en áreas que corresponden a territorios de los pueblos indígenas.

Ello, con el objetivo de identificar indicadores y mecanismos que puedan ayudar a mitigar la situación expuesta por las comunidades indígenas a lo largo de la sesión.

Tras agradecer la invitación del relator, Edgardo Rodriguez, en representación del Estado peruano, aseguró que la instalación de esta mesa virtual sería provechosa para el país.

“Una nueva oportunidad en la que la Comisión Interamericana intervenga va a ser del todo beneficiosa para el país y sobre todo para los defensores y defensoras de los derechos humanos”, apuntó Rodriguez.

 

 

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